Las declaraciones de bienes patrimoniales de los funcionarios de jerarquía no son supervisadas, porque la Constitución de la República no establece parámetros en ese sentido.
Esta exigencia de la Carta Magna establecida en el Artículo 299, del Capítulo 2, se limita a señalar quiénes son los funcionarios que están obligados a cumplir con este requisito 10 días hábiles después de la toma de posesión y 10 después de la separación del cargo.
El excontralor de la República, José de Los Santos Chen Barría, manifestó que ante esta situación no se puede hacer nada, pues esta es una disposición constitucional y no hay norma que pueda estar por encima de ella.
Chen Barría explicó que tampoco existe alguna ley que indique qué hacer con estas declaraciones una vez son presentadas. "En nuestro caso cuando fuimos contralor las depositamos en la Secretaría General de la Contraloría", informó.
En cuanto a la veracidad en la cuantía de los bienes declarados, dijo que ésta se puede verificar si se determina una investigación en ese sentido, pero no es obligatorio.
No obstante, aclaró que su criterio es que en caso de que se relacione al funcionario con el enriquecimiento ilícito, actos de corrupción o desfalco, entonces se puede remitir la declaración a las autoridades para seguir el curso de la investigación.
Para Carlos Manfroni, ex miembro del grupo de trabajo que redactó, en la Organización de los Estados Americanos, el proyecto de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, las declaraciones de bienes deben ser públicas y cotejadas para corroborar que estén correctas.
Aseguró que deben existir organismos independientes que supervisen estas declaraciones para que sean realmente veraces.
Entre los funcionarios obligados a cumplir con este requisito figuran el presidente y los vicepresidente de la República, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ministros, directores de entidades autónomas, presidente de la Asamblea Legislativa, entre otros.
