La venta de fuegos pirotécnicos y bombitas continúa regulada, debido a que se han recibido denuncias de que menores de edad adquirieron estos productos para las fiestas navideñas, informó el viceministro de Gobierno y Justicia, Alejandro Pérez.
Aseguró Pérez que "la Policía Nacional tiene la orden de incautar este tipo de fuegos pirotécnicos, al momento en que se detecte que están siendo vendidos a menores".
A pesar de que no hubo víctimas, ni menores quemados, las autoridades se encuentran investigando cuáles son las personas que están vendiendo estos productos, situación que es considerada por el viceministro de Gobierno y Justicia como de peligro.
"Se van a intensificar los operativos en los días venideros cercanos a la fiesta de fin de año, las diversas zonas de policías están pendientes para tomar las medidas correspondientes", aseguró Pérez.
El funcionario fue enfático en indicar que aún se mantienen las restricciones de importación de fuegos y productos pirotécnicos del exterior a suelo panameño.
Dijo que a quienes infrinjan la ley, las sanciones serán rigurosas y tratarán de lograr la incautación estos productos a los principales distribuidores.
Señaló Pérez que es importante que los padres de familia sepan sobre la peligrosidad que tienen estos productos si llegan a estar en manos de los niños, los cuales pueden ocasionar serias heridas por el efecto de su explosión.
De igual forma hizo el mismo llamado de atención a los mayores de edad que pretendan tirar fuegos artificiales durante las fiestas de año nuevo, debido a lo letal del producto.
Los desechos producidos por estas plantas, considerados como "material peligroso", es el que transita por el Canal desde Europa hacia Japón, país que tiene la obligación de guardarlos en forma segura.
En Japón, estos residuos son almacenados en la localidad de Rokkasho-Mura por un periodo de entre 30 y 50 años, antes de ser transferidos a un depósito final.
Cada travesía de un buque de la PNTL desde Europa hasta Japón, pasando por Panamá, dura entre seis y ocho semanas.
Este material es transportado cumpliendo con el exigente código de seguridad CNI y además se utiliza el sistema llamado "Seguridad a profundidad", que establece barreras independientes entre el material radiactivo y el medio ambiente.
Este sistema abarca el residuo vitrificado sólido, el recipiente de acero inoxidable que contiene los desechos nucleares, el embalaje especial que lleva los recipientes y la protección que tienen los buques con sus dobles cascos reforzados.
En caso de que este material cayera al agua, el mismo se mantendría sólido y no se dispersaría en el medio ambiente, como aseguran los ambientalistas. Estos residuos no tienen características explosivas.
El Organismo de Ciencia y Tecnología de Japón determinó que en caso de que este material cayera al lecho marino por un largo periodo de tiempo, "la máxima exposición al público podría ser mil veces menor que los niveles de radiación encontrada en el ambiente natural".
Esto entra en contraposición con lo que dicen los ambientalistas de que si alguno de estos barcos sufre un accidente en el Canal de Panamá y su carga cae al lago Gatún, además de afectar el medio ambiente por muchos años, envenenaría el agua que usa la ciudad de Panamá.
No obstante, la BNFL tiene un fondo para indemnizar a cualquier persona que resulte afectada por un accidente relacionado con esta carga, la cual sería tramitada en base a lo que establece la Convención de Viena sobre este particular.
A bordo de los barcos de la PNTL hay una sala de salud que monitorea diariamente los porcentajes de radiación existentes en el aire de la nave y el personal, y de acuerdo con la empresa, nunca se han registrado casos de intoxicación de la tripulación.
La empresa sostiene que el Ministerio de Transporte del Reino Unido audita sus barcos y los resultados de estas gestiones son públicas, incluso para los ambientalistas.
