Rogelio Cruz, abogado del expresidente Ricardo Martinelli, apeló una resolución emitida por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), del 8 de junio de 2015, con la cual se acumularon querellas y se admitió el conocimiento de la causa penal contra el exgobernante y también diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), por los supuestos pinchazos telefónicos, al margen de lo que establecen las leyes y la propia Constitución.
En un comunicado emitido por el vocero del exmandatario, Luis Eduardo Camacho, se indica que el recurso de reconsideración presentado por Cruz no solo sustenta la viabilidad de esta acción legal, sino que advierte una serie de irregularidades procesales que generan una situación “grave” en materia de procedimiento y aplicación de justicia, y en la que, entre otras cosas, se viola el artículo 207 de la Constitución Política, al no permitirse amparo de garantías constitucionales ni acciones de inconstitucionalidad.
Cruz, en este recurso, planteó que la CSJ no solo está impulsando un proceso en el que no se ha cumplido la exigencia del acompañamiento de la prueba idónea del hecho punible atribuido, tal como está consagrado en el artículo 489 del Código Procesal Penal.
Destaca que la CSJ admitió el inicio de una investigación fuera del tiempo que estipulan las normas, en violación del artículo 488 del Código Procesal Penal. Además, se violó lo que señala el artículo 487 del Código Procesal Penal, ya que al tratarse de denuncias o querellas contra un diputado, estas no fueron presentadas ante la autoridad competente que es la CSJ. “El segundo párrafo de este último artículo es claro al señalar que las investigaciones no pueden ser de oficio”, indica.
El abogado explicó, igualmente, que las acciones que promovieron la investigación carecen de información precisa y no cumplen con el requisito exigido en el numeral 3 del artículo 488 del Código Procesal Penal. “En este caso, la resolución debió rechazar de plano las querellas en cuanto a esos otros delitos derivados”, recalcó Cruz.
El jurista lamentó que la CSJ no haya hecho alusión o explicado en la resolución de admisión los argumentos en los que sustenta la investigación contra el diputado Martinelli con base en el artículo 191 de la Constitución Política, que es clara sobre los factores que generan “responsabilidades” para un presidente y vicepresidente de la República.
Cruz deploró también que la propia Corte haya incurrido en la violación del principio fundamental del estado de inocencia del expresidente Martinelli, tal como lo señala el artículo 274 del Código Procesal Penal. Otra violación al debido proceso, y al artículo 494 del código en cuestión, es que la resolución del 8 de junio de la CSJ fue expedida con la firma de los magistrados principales Harry A. Díaz y Jerónimo Mejía, quienes mediante esa misma resolución fueron designados como fiscal y como juez de garantías, respectivamente.
Argumentó que “con base en el artículo 53 del Código Procesal Penal, el magistrado Mejía debe declararse impedido porque participó, como miembro del peno de la Corte, en la admisión de la querella dentro de la cual fue designado como tal”.
Recordó Cruz que hay al menos 3 “votos razonados” que preocupan y deben ser analizados profundamente, pues “esos 3 votos razonados son, en verdad, tres salvamentos de voto cuyos autores no se atrevieron a decirlo así”. “Por eso hemos dicho que se trata de una Corte temerosa del poder político de los gobernantes”, agregó.
Insistió en que la CSJ lleva a cabo un proceso en el que no existe posibilidad de acudir a una instancia superior en procura de una revisión de la decisión inferior, lo que significa que, “posiblemente, estemos ante un proceso inconstitucional, por violar la garantía de la doble instancia, garantizada por el artículo 8.2h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la OEA”; en consecuencia, la única alternativa que tendría un interviniente para impugnar una decisión “posiblemente arbitraria” de la CSJ sería la vía internacional.
Magistrado fiscal Oydén Ortega pedirá prórroga para investigación
Una nueva audiencia en la que se decidirá si se prorroga o no el término de la investigación en el caso que se le sigue al expresidente de la República y diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) Ricardo Martinelli realizará la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el próximo 2 de julio.
Esta audiencia de control, solicitada por el magistrado fiscal Oydén Ortega, se llevará a cabo en el salón de audiencias del Segundo Tribunal Superior de Panamá, en el Palacio Gil Ponce, a las tres de la tarde, según confirmó el abogado Sídney Sittón, miembro del equipo de defensa del exgobernante.
La abogada Alma Cortés indicó que, así como sus colegas que siguen el caso, está al tanto de lo que surja en dicha audiencia de control, cuyo tema –resalta– “es otro síntoma que estamos viendo de cómo están (los magistrados de la CSJ) desnaturalizando y obviamente perjudicando los procesos ante el Sistema Penal Acusatorio”.
Cortés expresó que el término de investigación por parte del magistrado Ortega ha precluido en “exceso”, considerando que el día 4 de julio se vencen los dos meses que ya tenía el magistrado fiscal.
