En Panamá hay cierta atmósfera irritada por las graves amenazas a la libertad de expresión y de prensa, consideró ayer el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos.
Estas amenazas, indicó en su informe de gestión, están acompañadas de “algunas acciones revestidas de intolerancia”.
Dio a conocer que en los últimos 20 años el país ha avanzado en materia de derechos humanos, pero requiere de políticas públicas para atender temas como la pobreza.
A su juicio, la democracia es “débil” y la institucionalidad “corre algunos riesgos por la corrupción, populismo y la incompetencia” de las dirigencias políticas, etc.
Recordó que el estado de derecho y libertades ciudadanas en democracia debe asegurar la separación de poderes del Estado y evitar la intromisión de unos en otros.
Planteó que la autoridad debe convencerse de que el diálogo es necesario para resolver diferencias.
Por su parte, la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Phyllis Powers, reconoció el papel activo de la sociedad civil en materia de derechos humanos en Panamá.
