Debido a irregularidades en algunos comercios de la región de Veraguas en el expendio de licor, el defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, solicitó al director provincial del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), cumplir con las funciones para las cuales fue nombrado.
El funcionario destacó que entre estas funciones se encuentra reglamentar el ejercicio del comercio y la explotación de la industria, al otorgar licencias e imponer las sanciones correspondientes por infracción de la ley y sus reglamentos.
La Defensoría del Pueblo emitió una resolución donde se recomienda al alcalde del distrito de San Francisco de Veraguas, Claudio Soto, y al director provincial del MICI de esta región, Aníbal Bradvica, cumplir con sus funciones de vigilar el expendio de bebidas alcohólicas en envases cerrados en algunos locales comerciales del área.
Según una investigación de la Defensoría, las personas que administran el Mini Súper Michelle, uno de los locales denunciados, son asiáticas, contrario a lo que indica la licencia comercial donde dice que el propietario es la Sociedad FRAMKAF, S.A. y la representante legal es Martina Aparicio de Bradvica, esposa del actual director Provincial del MICI de Veraguas.
La instancia de derechos humanos recibió una queja de moradores de la comunidad de San José en el distrito de San Francisco, quienes denunciaron el incumplimiento de algunos establecimientos comerciales, que deben vender las bebidas alcohólicas en envases cerrados.
Asimismo, los quejosos sostienen que existen establecimientos de expendio delicor que no cumplen con las medidas de distancia que deben tener con relación a escuelas e iglesias.
Luego de inspecciones para comprobar la denuncia y de gestiones con las autoridades involucradas, el defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada Espino, instó al alcalde Soto a ejercer su potestad de realizar inspecciones y establecer las sanciones correspondientes contenidas en la Ley No. 55 de 10 de julio de 1973 para este tipo de establecimientos.
"Panamá por ahora no va a establecer esa medida, pero en algún momento puede asumir esa posición, porque es una decisión soberana del Estado", destacó.
Probablemente, sostuvo, se va a revisar si es conveniente exigir más de B/.500 para que un ciudadano colombiano viaje al país para hacer turismo, porque en estos momentos no resiste un análisis de que una persona viaje al país con B/.500 a hacer turismo o hacer compras en Zona Libre de Colón.
Corró afirmó que el ingreso de ciudadanos extranjeros no se trata sólo de una nacionalidad, se trata de las presiones migratorias de varias nacionalidades, entre ellas de República Dominicana, Perú, China, Nicaragua e India.
El año pasado Migración deportó un total de 954 ciudadanos colombianos, mientras que desde el 2002 al 2003 se le ha dado permanencia definitiva a 776 colombianos.
