El defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, pidió un cese a los despidos injustificados que se dan en la administración pública y que se aplique un ajuste al salario mínimo.
Según el funcionario, es hora de cumplir con el pago de las partidas del décimo tercer mes correspondientes a los años 1989, 1990 y 1991.
Advirtió que se debe evaluar con urgencia cada caso de los servidores públicos destituidos con miras a respetar el derecho constitucional al trabajo.
Recordó que el Estado es el llamado a garantizar el respeto y protección a personas con discapacidad, enfermedades crónicas, degenerativas, que produzcan discapacidad laboral; y aquellas con régimen y leyes especiales; mujeres con fuero de maternidad, entre otros.
Vargas reiteró que siguen recibiendo quejas en todo el país sobre supuestas destituciones “injustificadas”, lo que ocasiona consecuencias graves al entorno familiar y a la economía de un número considerable de panameños.
