Claves
- Organización
- Además de los grupos de abogados, unas 30 organizaciones han presentado su queja por este escándalo.
- Contrato
- En la página de Panamá Compra aparece el pliego de cargos, en el que se establece un contrato de $250 mil para una consultoría por un año.
- Dudas
- La empresa seleccionada no tiene experiencia en Panamá para lo que ofreció.
Una nueva denuncia penal fue interpuesta contra la defensora del pueblo, Patria Portugal, esta vez por los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes como servidora pública.
La querella fue presentada por el abogado José Antonio Moncada, ante el despacho de la procuradora general de la Nación, Ana Belfon.
Moncada aseguró que la defensora violó el artículo 338 del Código Penal, en el que se establecen sanciones con 100 días multa para quienes omitan o retarden las funciones inherentes a su cargo.
De acuerdo con Moncada, la defensora del pueblo no está cumpliendo con su función de defender los problemas puntuales de la población, y en su lugar se está viendo involucrada en escándalos relacionados con la contratación irregular de una empresa para el diseño de una página web.
Portugal ha reiterado que existen evidencias del trabajo que se está haciendo en la defensa de los derechos humanos, especialmente en las cárceles del país.
Mientras que en el caso de la contratación, explicó una fuente de la entidad que se ha tratado de confundir a la opinión pública.
La fuente asegura que la contratación que hizo la Defensoría del Pueblo fue para una consultoría de $250 mil, por espacio de un año, y entre ello estaba el rediseño de la página web.
Por este caso, la procuradora está en la espera de que se remita el informe de la Contraloría General de la República para establecer si ha existido la comisión de hecho delictivo por parte de la defensora del pueblo en dicha contratación.
La procuradora recibió el caso mediante un informe de la administradora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Abigail Benzadón, debido a que esta entidad no tiene el alcance legal para realizar este tipo de investigaciones.
Durante la semana pasada, auditores de la Contraloría estuvieron en la sede de la Defensoría del Pueblo realizando las investigaciones, reveló una fuente de la entidad.
Mientras que movimientos de abogados, liderados por Carlos Herrera, pidieron a la procuradora Ana Belfon que ordene separar a la defensora del pueblo, Patria Portugal, mientras duren las investigaciones en este caso.
De acuerdo con Herrera Morán, se han hecho consultas con los sectores comerciales, que han establecido que el precio de este contrato presenta un sobrecosto diez veces mayor al valor real.
“No es posible que una funcionaria que se encuentra en esta posición para defender a la población se vea envuelta en un escándalo de esta magnitud, que atenta contra los impuestos que pagamos todos”, indicó el abogado.
