La Defensoría del Pueblo admitió la queja que presentó el abogado y comentarista televisivo Carlos Zavala, sobre quien pesa una orden de desacato emitida por el juez decimoséptimo del Primer Circuito Civil, Jorge Isaac Escobar.
Al mismo tiempo, y a través de su delegado especial para la Libertad de Expresión, Ricardo Lombana, el organismo consideró la medida judicial que ordena el arresto de Zavala como "violatoria al derecho humano de la libertad de expresión".
A través de un comunicado, el delegado recordó que la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión expone en uno de sus enunciados que los funcionarios están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad.
Agregó que las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a los servidores públicos, conocidas como "de desacato", atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.
Lombana recordó que en ocasiones pasadas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial de la OEA para la Libertad de Prensa han recomendado al Estado panameño derogar las normas que penalizan la ofensa contra los empleados públicos.
"Nuestra legislación no contiene normas que penalizan la ofensa a servidores públicos, sino que la Constitución Nacional permite la penalización sin juicio previo", expuso.
Por todo lo anterior, recomendó, a nombre de la Defensoría del Pueblo, tomar las medidas que sean necesarias para evitar que Zavala sea privado de su libertad "con lo cual podría producirse un daño irreparable".
Zavala se apersonó ayer una vez más a la Defensoría del Pueblo junto con sus abogados, donde además de exponer las órdenes que se han girado para su detención, insistió en tener pruebas sobre acciones irregulares en el ejercicio de las funciones ejercidas por el juez Escobar.
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