El defensor del pueblo adjunto, Ricardo Vargas, expresó ayer su respaldo a la figura de los permisos laborales y de estudio otorgados a reclusos de diversos centros penitenciarios del país, enfatizando que los mismos deben ser analizados antes de proceder a su anulación.
A juicio de Vargas, los permisos laborales de alguna forma contribuyen a la reincorporación o reinserción a la sociedad de las personas privadas de libertad, sin embargo, sostuvo que hay que ser muy cuidadosos y evaluar muy bien cuáles son las características, condiciones y perfil del recluso que pueda ser merecedor de un beneficio de esta magnitud.
El jefe del Ministerio Público, José Antonio Sosa, expresó su rechazo a los más de 196 permisos de estudio y trabajo otorgados a detenidos por la Dirección del Sistema Penitenciario, por lo cual presentó un recurso de nulidad ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
En este sentido, Vargas precisó que las preocupaciones del Ministerio Público son válidas y legítimas, sobre todo por los casos tan sonados que incluyen delitos graves.
Señaló que si bien se dieron estos permisos de acuerdo con el decreto que regía en su momento, la oportunidad que se da en la Asamblea Legislativa de discutir el tema con las modificaciones recomendadas por el Ejecutivo a la Ley 90, se dará la oportunidad de definir criterios.
Por otro lado, un equipo de oficiales de Derechos Humanos de la Defensoría desarrolla un censo en todas las cárceles para determinar la situación social, psicológica, legal y de salud de cada recluso.
El levantamiento del censo se realiza a través del Programa de Supervisión de los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad, que realiza el Programa de Defensoría Móvil desde ayer.
El estudio tiene como objetivo manejar datos estadísticos reales que servirán de base para aplicar programas tendientes a facilitar, entre otras cosas, una pronta resolución de los casos judiciales pendientes y minimizar el grave problema de hacinamiento que impera en las cárceles nacionales.
