Funcionarios declarados hostiles
5- Funcionarios de mando fueron declarados hostiles y entorpecedores por la Defensoría.
- Autoridades de Salud fueron sancionadas. El director de la CSS y la regional del MINSA en Coclé.
- Corregidor también recibió la sanción moral que aplica la Defensoría del Pueblo.
Cinco sanciones morales contra alcaldes, directores de entidades y autoridades locales, fueron impuestas por la Defensoría del Pueblo en menos de 13 meses.
Con calificativos de hostiles y entorpecedores, se tildó al alcalde de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla, el alcalde de Bocas del Toro, José Anderson; el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Guillermo Sáez Llorens; la directora regional del Ministerio de Salud de Coclé, Aleyda Tejeira, y el corregidor de Río Hato, Melquisidec Bernal.
Eduardo López, secretario general de la Defensoría del Pueblo, explicó que la Ley 7 del 5 de febrero de 1997 permite en su Artículo 25 las sanciones morales a los funcionarios que entorpezcan la labor que ejerce la Defensoría.
Las sanciones también implican notificar las faltas cometidas a los superiores de los funcionarios hostiles y entorpecedores, el contenido de la resolución se coloca en la página web de la Defensoría del Pueblo y también aparece en el informe anual que se presenta a la Asamblea Nacional, explicó López.
A Valdés Carrasquilla se le declaró hostil y entorpecedor de la gestión que realiza la Defensoría del Pueblo, el 3 de julio de 2012, tras la negativa injustificada de colaborar con la entidad.
La sanción moral se le impuso al no contestar más de seis oficios enviados por la Defensoría relacionados con la posible vulneración de los derechos humanos de los residentes del distrito de San Miguelito.
Pese a los reiteros y reuniones sostenidas entre funcionarios de la Defensoría y la propia Alcaldía de San Miguelito, la información solicitada no se suministró.
Caso similar se dio el 1 de mayo de 2012 cuando a través de la Resolución N.° 19 a-12, la Defensoría del Pueblo declaró hostil y entorpecedor de sus funciones al alcalde de Bocas del Toro, José Anderson.
El informe de la Defensoría del Pueblo detalla que Anderson se negó a dar información relacionada con el posible cierre del terreno propiedad del señor Demetrio Brown, en el cual se encuentra el vertedero municipal. Anderson también se negó a suministrar información relacionada con la supuesta destitución injustificada de Cenobio Murillo.
El corregidor de Río Hato, Melquisidec Bernal, también fue sancionado moralmente por mostrar una actitud hostil y entorpecedora, según la Resolución N.° 16-12 emitida en abril de 2012.
En el caso de Bernal, estableció que el funcionario prohibió inspeccionar los expedientes relacionados con los enfrentamientos en las comunidades de Santa Clara y La Pacora, por la disputa de los terrenos de playas destinados a desarrollarse turísticamente.
El 21 de octubre de 2011, la sanción por constituirse en un funcionario hostil y entorpecedor se le aplicó al director de la Caja de Seguro Social, Guillermo Sáez Llorens.
La sanción de Sáez Llorens se dio porque se prolongó de forma indefinida la resolución del problema del señor Juan Samaniego, quien aseguró que se le vulneraron sus derechos al debido proceso.
A la directora regional del Ministerio de Salud en Coclé, Aleyda Tejeira, la sanción de la Defensoría le llegó el 4 de julio de 2011 mediante la Resolución 22a-11.
