Un total de 110 corregidores del todo el país han sido denunciados ante la Defensoría del Pueblo por aparentes violaciones de los derechos humanos y el debido proceso.
La directora de Protección de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Rita Huertas, precisó que la mayoría de las quejas presentadas contra los corregidores se fundamentan en la falta de imparcialidad al momento de resolver los casos y ausencia de notificación a las partes en conflicto.
De acuerdo con la funcionaria, esta situación se produce por la falta de conocimientos jurídicos de los corregidores y por su "baja escolaridad".
En algunos casos -explicó-, los corregidores aplican penas de prisión, sin que se conceda el derecho a la legítima defensa.
Según la funcionaria, esto se produce con gran frecuencia en áreas apartadas del país, a donde acuden personas muy humildes, quienes requieren solventar sus conflictos.
A su juicio, en estos casos las penas de prisión pueden ser conmutadas por días multas, pero por la falta de recursos económicos las personas permanecer en prisión.
La Defensoría comparte los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia, en el sentido de fortalecer la justicia administrativa, que en la actualidad imparten los corregidores, lo cual será posible, entre otras medidas, con modificaciones a la forma de selección de estos jueces de paz.
En tanto, Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana Pro Justicia consideró necesario elegir para estos cargos a personas con formación jurídica.
