La jefa de la Regional de la Defensoría del Pueblo en el distrito de San Miguelito, Julissa Espino C., aclaró que este organismo no es parte de la Comisión Interinstitucional encargada de las evaluaciones a las casas afectadas por voladuras debido a la construcción de la II Fase del Corredor Norte, como señaló la noticia "Enfrentamientos tras cierre de acceso al Corredor Norte" publicada el 10 de diciembre pasado, en Panamá América.
La Defensoría del Pueblo "no participó" del proceso de evaluación de daños, determinación de costos y montos a indemnizar. Cuyo resultado final, es el que ha generado los enfrentamientos de los últimos días", indicó Espino.
Explicó que la entidad participó desde el primer día de las inspecciones a las residencias, junto con la Comisión Interinstitucional y los moradores de las comunidades de Naos-Liberación, Altos del Valle de Urracá y Loma Bonita; pero en calidad de "observadores", con el fin de servir de enlace entre afectados y autoridades.
Desde el inicio de las protestas, las comunidades afectadas solicitaron a las autoridades del MOP, que la Comisión Interinstitucional estuviese integrada por funcionarios del Municipio de San Miguelito, SINAPROC, Cuerpo de Bomberos y del MOP.
