Defensoría prepara propuesta sobre sistema penitenciario

La Defensoría del Pueblo iniciará el estudio de las recomendaciones hechas por el Ejecutivo, luego que éste vetara parcialmente el proyecto de Ley 90 que busca modernizar el sistema penitenciario, con miras a elaborar sus propuestas y lograr la aprobación del proyecto este año, informó ayer el defensor adjunto Ricardo Vargas.
El proyecto de Ley 90 fue aprobado en la Asamblea Legislativa en tercer debate, pero fue objeto de un veto parcial en tres temas y, en consecuencia, fue devuelto a la Asamblea para ser discutido nuevamente.
En estos momentos, dijo Vargas, la Defensoría estudia las observaciones hechas por el Ejecutivo y se prepara para establecer cuáles serían los aportes que la Defensoría presentará una vez se retome la discusión del proyecto.
Vargas enfatizó que las observaciones hechas por el Ejecutivo se encuentran fundadas, sin embargo, y aunque se vetó parcialmente el proyecto, lo importante, enfatizó, es que se rescata en una nueva discusión para convertirlo en ley de la república.
El Ejecutivo hizo observaciones en torno a las sanciones disciplinarias que se deben imponer a las personas privadas de libertad que cometan faltas dentro del centro penitenciario.
Explicó que el Ejecutivo pide que las sanciones estén recogidas en la propia ley y no sujetas a una reglamentación elaborada por el Ejecutivo, tal cual como lo planteaba el proyecto.
A su vez, se hacen observaciones en cuanto a los permisos especiales que otorga la Dirección General del Sistema Penitenciario, en donde se establece cuáles son los requisitos y los procedimientos para dar estos permisos.
En este sentido, la recomendación del Ejecutivo establece que estos permisos no deben quedar al margen o al criterio discrecional de una reglamentación posterior, sino que deben estar establecidos en la propia ley.
En el otro aspecto, el relativo a la Carrera Penitenciaria que según el proyecto iba a ser desarrollado también en un reglamento, la observación que se hace es que las carreras en el servicio público deben estar amparadas en una ley formal y no en una reglamentación, tal como lo ha dispuesto la jurisprudencia nacional.
Manifestó que una vez se vuelva a discutir el tema en la Asamblea Legislativa, la Defensoría del Pueblo va estar presente, con miras a que se apruebe este año una ley penitenciaria nacional moderna como el país lo requiere.