Defensoría rechaza endurecer penas a menores

La intención de un sector del Gobierno de presentar a la Asamblea Legislativa un proyecto dirigido a endurecer las penas para los menores de edad que participan en actos delictivos, a juicio del segundo adjunto de la Defensoría del Pueblo, Guido Rodríguez, no soluciona el problema, pues lo que se necesita es una revisión integral del sistema penitenciario en la que participe toda la sociedad.
La "solución no está en endurecer las penas", sino que va mucho más allá de sólo plasmar cierto de tipo de reglas en una legislación, señaló Rodríguez, quien agregó que sólo bastaría con agregar a la Ley 40 un artículo que diga que los menores recibirán un trato similar al que se aplica a los mayores.
Destacó que incluir normas para establecer penas más severas no resolverá el problema de la delincuencia juvenil y de la violencia, por lo que se necesita es la participación integral de toda la sociedad.
A raíz de la alta ola de criminalidad en la que se ven envueltos los menores de edad, el ministro de Gobierno y Justicia, Aníbal Salas, anunció que a nivel del Ejecutivo se estudia la posibilidad de redactar un proyecto para modificar la ley que establece un trato a los menores infractores y posteriormente llevarlo a la Asamblea Legislativa.
Ante este anuncio, la ministra de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia (MIJUMNFA), Alba Tejada de Rolla, se opuso a esta iniciativa señalando que la Ley 40 aún no tiene el período de vigencia para ver sus resultados y que no se ha tenido la oportunidad de contar con el presupuesto para implementarla.
El segundo adjunto de la Defensoría del Pueblo señaló que el tema de la violencia juvenil debe ser enfrentado por todos los sectores, incluyendo a los medios de comunicación social, que deben evaluar el efecto de la difusión de mensajes e informaciones relacionadas con la participación de los menores en hechos delictivos.
Aunque no justifica la intervención de los menores en hechos violentos, Rodríguez precisó que Panamá no cuenta con instalaciones deportivas y recreativas, donde los jóvenes puedan participar sanamente en actividades propias de su edad.
Rodríguez destacó que aplicar penas más severas no solucionará el problema de la delincuencia, por lo que reiteró la necesidad de atacar el problema de manera integral.
Es oportuno, dijo Rodríguez, que la Asamblea reconsidere la necesidad de discutir el proyecto de ley que reforma el Sistema Penitenciario y se hagan las modificaciones que va a sugerir el Ejecutivo para dotar al país con una legislación moderna.
Al mismo tiempo afirmó que estas leyes deben ir acompañadas de "su pan debajo del brazo", es decir, que se cuente con los recursos económicos para poner en práctica las leyes.

Federico Britton, miembro de COFADEPA-HG, dijo que la organización está bastante satisfechos con el trabajo realizado por la Comisión de la Verdad, pero que es necesario que se produzcan algunos resultados concretos, como la presentación de denuncias contra los presuntos responsables de las desapariciones forzadas.
Britton aseguró que los miembros de la Comisión han recopilado suficientes evidencias para solicitar al Ministerio Público la reapertura de algunos expedientes por la desaparición de opositores al régimen militar.
No obstante, indicó que los miembros de la Comisión de la Verdad han optado por la presentación de paquetes de casos a la Procuraduría General de la Nación y ello acarrea cierta lentitud para la recopilación de pruebas.
Criticó el hecho que el informe elaborado por la Comisión de la Verdad se ha fundamentado en exceso en los expedientes instruidos por funcionarios que laboraron durante la dictadura militar y que estos sumarios contienen muy poca información y en muchas ocasiones son versiones alteradas e insuficientes.
También explicó que otra de las circunstancias negativas durante el proceso de investigación de la Comisión de la Verdad es el hecho que los militares se han negado sistemáticamente a aportar información de los sitios en donde se encuentran los cuerpos de las personas muertas durante la represión militar.
A la vez consideró que algunos ex militares han hecho esfuerzos por entorpecer las pesquisas y presentado obstáculos a la labor de los comisionados. Alegó que éstos tampoco han mostrado ningún tipo de arrepentimiento por los hechos ocurridos.
Sostuvo que el retraso en la entrega de las pruebas de ADN realizadas por los laboratorios Reliagene Technologies es otra de las circunstancias que ha provocado el estancamiento de la reapertura de algunos casos.