Defensoría retirará Amparo de la Corte

LA DEFENSORÍA del Pueblo decidió retirar de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el Amparo de Garantías Constitucionales que interpuso contra el anterior aumento de la tarifa eléctrica, toda vez que el Ente Regulador (ERSP) aceptó realizar una consulta ciudadana establecida en la Ley de Transparencia.
Juan Antonio Tejada, Defensor del Pueblo, explicó que tomó esa decisión porque el ERSP acató las recomendaciones de discutir, mediante una audiencia pública a realizarse el próximo 31 de octubre y 1 de noviembre, la nueva fórmula tarifaria que regirá en el país por cuatro años.
Reiteró que el tema de la energía eléctrica tiene un "impacto perverso" en la economía de los hogares y además afecta los niveles de competitividad en detrimento de la industria nacional. "La Defensoría del Pueblo iniciará una nueva batalla en la próxima audiencia, con el fin de que se logren los objetivos en materia de energía que necesita el pueblo panameño", sostuvo el Defensor.
Destacó que la Defensoría logró que el ERSP, cumpliera con la Ley de Transparencia al aceptar la participación ciudadana en la celebración de las audiencias para la actualización de las tarifas por este servicio, cada seis meses.
El Ombusdman insistió que los contratos de estas empresas privatizadas, especialmente las de energía "deben ser revisados nuevamente porque hay un mundo de distancia entre lo prometido en aquella ocasión, y lo que actualmente tenemos, en cuanto al costo del servicio y su calidad".
Con esta decisión, según Tejada, se salvaguarda los derechos e intereses de 636 mil usuarios a nivel nacional y se cumple con la Ley de Transparencia.
"Las altas tarifas en este servicio constituyen un verdadero freno al desarrollo económico y social de nuestro país y representan un alto costo operativo", sentenció.
El pasado 12 de octubre, el ERSP remitió una nota a la Defensoría, reflejando su "preocupación" por el Amparo de Garantías Constitucionales interpuesto en la Corte porque podría tener efectos adversos. La nota explicaba que la posible devolución de a los usuarios de las sumas incorporadas a la tarifa actual, provocaría un "desequilibrio financiero" a las empresas distribuidoras.