La crisis causada en algunas poblaciones por la falta de suministro de agua potable puede considerarse como una violación de los derechos humanos, aseguró el Defensor del Pueblo Ricardo Vargas.
Según Vargas en una investigación realizada por su despacho se pudo establecer que muchas comunidades a lo largo del país carecen de un suministro efectivo de agua potable y que el acceso al vital líquido está consagrado como un derecho humano.
A su juicio es lamentable que Panamá no cuente con un plan de acción que brinde respuesta a situaciones de emergencia respecto a la carencia de agua potable y saneamiento en áreas rurales y urbanas marginales, situación preocupante como país integrante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Tras una investigación realizada, la Defensoría del Pueblo constató que a nivel nacional existen grandes dificultades de acceso a sistemas eficientes de saneamiento, y casos en los que el suministro de agua potable en algunos sectores es irregular, mientras que en otros, es muy precario particularmente en las provincias de Darién, Bocas del Toro y las áreas campesinas e indígenas del país.
En tanto, un reporte del Ministerio de Salud (MINSA) señala que la población panameña tiene como primera causa de enfermedad la diarrea y gastroenteritis, relacionadas con la falta de cloración del agua en los acueductos rurales.
También señala que muy seguida están las enfermedades respiratorias, afectando especialmente, a la población infantil, asociadas a la contaminación ambiental.
En el último mes se registraron por lo menos dos protestas, que incluyeron cierres de calles, por diversas comunidades por la falta de abastecimiento de agua potable.
En ese sentido, Vargas aseguro que es preciso adoptar estrategias y planes nacionales que permitan aproximarse de forma rápida y eficaz a la realización total del derecho a disponer agua.
Para enfrentar la falta de agua en las comunidades del área Oeste de la provincia de Panamá, la Autoridad del Canal de Panamá tiene previsto construir una planta potabilizadora con un costo de B/ 40 millones.
El Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (IDAAN) tiene previsto la instalación de nuevas tuberías de suministro en la planta potabilizadora de Caimito y solicitar un crédito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para instalar otras tuberías que llevarían cerca de tres millones de galones de agua potable hacia La Chorrera y otras comunidades aledañas.
