Una denuncia por violación a los derechos humanos de los trabajadores de la industria minera fue presentada ante la Defensoría del Pueblo por el ingeniero Carlos Enrique Salazar, especialista en minería.
La denuncia, según Salazar, se basa en una moratoria a las Concesiones de Exploración y Explotación Mineral, otorgadas por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).
Según Salazar, estas acciones realizadas por la ANAM y el CIAM atentan contra el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo N° 64 de la Constitución Política del país.
Salazar aseguró que "la industria de la minería no es la culpable de la deforestación en el país".
