Los ataques que han venido haciendo algunas ONGs, que reciben apoyo económico y logístico de Organismos Internacionales interesados en el tema de la migración y desplazados, contra la política migratoria panameña no tienen ningún fundamento además de ser injusta, revela un comunicado del Departamento de Asesoría Legal de la Dirección de Migración.
Señalan que nada más alejado de la realidad, que este planteamiento que busca justificar cualquier medida o acción enérgica del gobierno panameño para demandar y accionar en contra del país ante los organismos de protección de los derechos humanos.
Aclaran que la política migratoria panameña lejos de aplicar medidas discriminatorias contra una u otra nacionalidad, lo que busca es adecentar y promover la migración legal y transparente, adoptando medidas que permitan una migración provechosa para el país, eliminando paulatinamente las migraciones irregulares que afectan la seguridad nacional o que no traen ningún provecho al país, como lo es el tráfico de personas.
En la nota el Departamento de Asesoría Legal sostiene que la situación que existe en Colombia es particular, pues de ese país ingresan gran cantidad de turistas y personas que quieren residir en Panamá, además de los desplazados, contrario a lo que ocurre con el flujo migratorio panameño hacia Colombia que es limitado, donde los panameños no son parte de las estadísticas de delincuencia, a diferencia de los ciudadanos colombianos que si lo son en las nuestras.
A los inmigrantes colombianos siempre se les ha ofrecido la oportunidad de legalizar su situación, ofreciéndoles varias amnistías migratorias en los años 1960, 1980 y 1984 además del Convenio de Regularización Migratoria Colombo-Panameña en 1994.
Igualmente, a los ciudadanos colombianos se les concede permisos especiales, visas temporales y visas de inmigrantes, llevando Panamá una posición desfavorable, pues son muchos más los colombianos en situación irregular aquí, que los panameños que se encuentran en esta posición en el hermano país.
Según cifras del convenio Colombo-Panameño suscrito en 1994, se acogieron al trámite en Panamá un total de 5 mil 243 solicitudes, de las cuales se negaron 921 y fueron aprobadas 4 mil 322, cifra de ciudadanos colombianos que se encontraban en la ilegalidad. Por su parte, como consecuencia de este mismo convenio Colombia no legalizó a ningún panameño, lo que sólo benefició a la parte colombiana.
Finalmente, las autoridades de Migración no comparten las opiniones de quienes han venido criticando la política migratoria sin conocer que Panamá lejos de ser un Estado cerrado, donde se limita el acceso cerrado, ofrece amplias oportunidades para los extranjeros.
