En dos semanas podría llegar la demanda que interpondrá el ex general Manuel Antonio Noriega contra el Estado panameño y el vicepresidente de la República y Canciller, Samuel Lewis Navarro, por supuesta negligencia en los trámites de su extradicción a nuestro país, informó su abogado, Julio Berrío.
El jurista señaló que Noriega enviará su visto bueno al borrador de la demanda, que ha estado elaborando junto al también abogado Rolando Rodríguez, para establecer la "negligencia y posible actuación dolosa del gobierno, al no utilizar los mecanismo para exigir su retorno".
Asimismo criticó que la Cancillería, sólo le ha entregado copia de los documentos solicitados y no los originales que requiere para entablar la demanda.
El jurista considera que el gobierno panameño "guarda un total silencio e inacción" para insistir en la repatriación de Noriega, sin embargo considera "extraño" que Francia no se ha pronunciado para que se agilice el proceso de extradición. "No sé cuáles son los arreglos entre los presidentes de Francia y Panamá", insistió.
Destacó que los otros abogados del ex hombre fuerte en Miami, están a la espera que termine el plazo de 30 días, para interponer un recurso de hábeas corpus, si las autoridades norteamericanas no deciden el futuro inmediato de Noriega, ya sea para extraditarlo a Francia o para repatriarlo a Panamá.
Por su parte, el ex canciller Harmodio Arias dijo que el actual gobierno no parece tener interés en que Noriega regrese al país. "No quieren traerse ese dolor de cabeza para ellos", y mucho menos quienes tuvieron una relación cercana.
Así como la participación en investigaciones para mejorar la institucionalidad democrática.
También se incluiría la publicación de libros, folletos, artículos y ensayos en revistas especializadas nacionales e internacionales.
Además de una activa participación ciudadana en la solución de los problemas de la justicia y voluntariado en organizaciones que promuevan el fortalecimiento del estado de derecho.
Otros de los requerimientos sería haber participado como expositor en eventos nacionales e internacionales sobre los temas de relacionados con la justicia.
Para los miembros de la sociedad civil uno de los puntos más importantes es la solvencia moral y prestigio reconocido, así como
su participación reconocida por la comunidad en la promoción y defensa de los derechos humanos y los valores democráticos.
Según Alianza Ciudadana Pro Justicia este mecanismo participativo permitirá mayor transparencia en el proceso de selección de los magistrados y mejorará la percepción sobre la independencia del poder judicial y evitaría la multiplicidad de críticas.
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