La firma Arosemena y Asociados en representación de su defendida Abelay Aguilar, la última microempresaria que recientemente fue desalojada de las áreas de servidumbre ubicada en la entrada de la barriada 2000, interpuso ayer ante la Procuraduría General de la Nación una demanda por los presuntos delitos de extralimitación de funciones y abuso de autoridad en contra del alcalde de Arraiján, Jaime Barroso.
Durante una acción coordinada hace un mes entre la Policía Nacional y la corregidora de Arraiján cabecera, Sugey Aguilar, y en cumplimiento de una orden de lanzamiento solicitada por el consorcio Plaza Arraiján, propietarios de los terrenos adyacentes del área de servidumbre, se procedió al desalojo de la pequeña comerciante.
La demandante se apersonó acompañada de su abogado José Galloway en horas de la mañana de ayer ante la Procuraduría para presentar el documento y fue recibido por los funcionarios presente para su debido trámite.
Entre tanto, el alcalde de Arraiján, Jaime Barroso, dijo que se presentó en la Procuraduría para verificar la demanda y se percató que carece de prueba sumaria, las copias entregadas no están debidamente autenticadas y le sorprende las actuaciones de una firma tan prestigiosa involucradas en estas acciones.
Calificó de mamotreto la demanda interpuesta por la firma Arosemena y Asociados en su contra y está plenamente convencido que el Ministerio Público durante la investigación ordenará el archivo del expediente.
Barroso explicó que 8 de los 9 pequeños comerciantes que ocupaban las áreas de servidumbre voluntariamente se retiraron del lugar porque entendieron que el permiso otorgado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) era provisional.
Indicó que la demandante hizo caso omiso de la orden de lanzamiento emitida por la corregidora en fiel cumplimiento a la ley y como tenía una vivienda ubicada en el lugar se mantuvo hasta tanto se procedió a aplicar la medida.
Barroso informó que la demandante aduce que hubo abuso de autoridad y a su juicio jamás se cometió tal aseveración porque la corregidora sólo cumplió con el debido proceso al ordenar el lanzamiento del lugar.
Aseguró el alcalde que desconoce las razones por el cual se le interpuso la demanda en su contra, ya que la Alcaldía no tuvo ninguna injerencia en el expediente, sin embargo, sus abogados demostrarán la verdad de los hechos ocurrido, en donde la corregidora actuó legalmente.
Agregó que detrás de esa demanda están grupos organizados de Arraiján, quienes se han dedicado a la tarea de buscar todo los mecanismos a su favor para dañarle la imagen a la Alcaldía de Arraiján, sin razón alguna.
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