Dos demandas que solicitan la anulación de los actos de "contratación directa" realizados por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y una solicitud de reconsideración de los términos de referencia de la addenda N° 9 del Proyecto de Rehabilitación, Modernización y Ampliación de la Planta Potabilizadora de Chilibre fueron presentadas esta semana.
La abogada Tatiana Pitty presentó las demandas en contra del acto por el cual se autorizó mediante "contratación directa" la construcción del nuevo sistema de distribución de agua para las comunidades de Pacora y Tocumen a la empresa Constructora Urbana y las obras complementarias de Arraiján a la empresa Ingeniería Caribe.
Según la demandante, estos contratos fueron otorgados a empresas invitadas y seleccionadas, mediante un proceso en el que no hubo competencia pública y amplia como exige la ley de contrataciones públicas.
El argumento de la demandante es que las invitaciones a participar no fueron hechas del conocimiento público a través de un aviso en algún diario de circulación nacional, a pesar que la ley establece la necesidad de que la convocatoria a estos actos se publiquen en dos diarios de circulación nacional durante tres días.
En la demanda, Pitty sustenta que tampoco se anunciaron públicamente los términos, plazos y condiciones de un proceso de selección de contratista o de la llamada "selección directa" para esas obras, ni se anunciaron públicamente los criterios bajo los cuales las empresas invitadas habían sido escogidas.
Según la jurista, esto provocó que ninguna empresa que no estuviese incluida en la lista de invitados tuviera la oportunidad de competir con una propuesta, pues no tuvieron conocimiento de que el proceso se llevaba a cabo.
Por otro lado, el Consorcio Internacional de Manejo de Aguas (CIMA), a través de la firma Carrillo y Carrillo, solicitó al director general del IDAAN, Laurencio Guardia, a que reconsidere los términos de referencia en cuanto a la experiencia referida en la addenda No. 9 del proyecto de Rehabilitación, Modernización y Ampliación de la Planta Potabilizadora de Chilibre.
En la exposición, el demandante señala a Guardia que la valoración establecida en la addenda constituye una importante limitación que imposibilitará la apertura de los sobres económicos de la gran mayoría de las empresas que fueron invitadas a participar en la licitación pública.
También sostienen que la reducción de los participantes en el acto público, para la modernización de la planta de Chilibre, se traducirá en el incremento del precio del proyecto en perjuicio directo del IDAAN y del Estado.
Cabe destacar que el proyecto de Reactivación Económica y Responsabilidad Fiscal que se aprobó en la Asamblea Legislativa establece que todas las obras que se adjudiquen a la empresa privada y que serán financiadas con los B/. 200 millones del Fondo Fiduciario se harán mediante proceso de Licitación Pública.
En tanto, el director general del IDAAN rechazó los planteamientos expuestos en la demanda, señalando que la institución cumplió con los procedimientos establecidos en la Ley 56 de Contrataciones Públicas, que incluye la "contratación directa" como una de las fórmulas para adjudicar las obras y por otro lado, señaló que la entidad reconsideró la solicitud presentada por el consorcio CIMA.
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