Una demanda de inconstitucionalidad contra el Convenio Salas-Becker, firmado en el 2002, fue interpuesto por los diputados de la Asamblea Nacional, Pedro Miguel González y el panameñista Luis Barría.
El Estado panameño hizo un arreglo complementario con los Estados Unidos sobre el apoyo y asistencia por parte del Servicio de Guardacostas norteamericano y el Servicio Marítimo Nacional.
Los demandantes señalan que el Convenio no fue sometido al trámite de aprobación correspondiente en la Asamblea como lo exige la Constitución. Indican que a raíz de este Convenio fueron entregaron 15 marinos panameños, los cuales purgan condenas de narcotráfico, en violación a sus garantías.
