Un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra el artículo 2508 del Código Judicial que permite la extradición o entrega simple y condicionada de un reo extranjero a un Estado requirente por parte del Organo Ejecutivo a pesar de que medie un proceso judicial, fue presentado por el abogado Rogelio Cruz.
Cruz, quien es representante legal del presunto capo colombiano José Castrillón Henao, extraditado el pasado año a los Estados Unidos, asegura en su escrito que el citado artículo contraviene la Constitución Nacional en su artículo 22, el cual señala que toda persona detenida debe ser informada inmediatamente de las razones de su detención y de sus derechos constitucionales.
Alega que el traslado de su cliente a los Estados Unidos también viola el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en donde se establece que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente.
De acuerdo con el jurista, la ley panameña y los tratados sobre la materia disponen que la extradición de extranjeros se niega cuando, entre otras razones, el extraditado tenga una causa penal pendiente en Panamá.
Precisó que en tales casos el proceso penal deberá llevarse a cabo en Panamá, como si el delito hubiese sido cometido en su territorio y también establece que en el proceso de extradición se le debe garantizar al extranjero el debido proceso y el derecho a la defensa.
A juicio de Rogelio Cruz, la norma legal acusada no le permite al extranjero escogido por el Organo Ejecutivo el derecho a la defensa garantizado en los casos de extradición, ni el debido proceso, por lo cual es totalmente violatoria de la Constitución Nacional.
Explicó que en este caso el Presidente de la República hizo prácticamente la ley, la aplica y la interpreta a su libre arbitrio y disposición, sin control judicial alguno, ya fuese que el extranjero tenga o no pendiente en Panamá una causa criminal.
