El abogado Silvio Guerra interpondrá hoy ante el Ministerio Público una denuncia por abuso de autoridad y por daños a la propiedad contra funcionarios del Municipio de Panamá, luego que éstos ordenaran el derribo de la vivienda de su cliente, la señora Ulpiana Cáceres, de 79 años, residente en Villa Grecia, Alcalde Díaz.
La vivienda de Cáceres fue demolida con una máquina retroexcavadora el pasado viernes, según Guerra, por órdenes de la corregidora de Alcalde Díaz, Vanessa Sánchez y del asesor legal de la Alcaldía de Panamá, Juan García, a pesar del llanto y las súplicas de la propietaria de la vivienda.
Informó que las acciones legales se ejecutarán contra Cristina Torres, coordinadora de las corregidurías de Panamá y un mayor de apellido Fuentes, del destacamento de Policía de Alcalde Díaz.
Estos, dijo, en un acto salvaje e inhumano, sin respetar la Constitución ni la ley, demolieron la residencia de la humilde familia que ahora no tiene dónde cobijarse.
Manifestó que tampoco se respetó el hecho de que está pendiente un proceso civil de prescripción adquisitiva de dominio en el Juzgado Séptimo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, por lo que consideró que lo que hicieron estos funcionarios fue totalmente pisoteando la Constitución, la ley y el debido proceso.
"Vamos a aplicar las respectivas acciones penales por abuso de autoridad, daños a la propiedad y las respectivas demandas civiles, para que indemnicen los daños sociales, sociales, morales y de cualquier otra naturaleza", destacó Guerra.
Funcionarios del municipio capitalino, entre ellos, el propio García, sustentan que la vivienda estaba construida en servidumbre municipal, y que la propietaria había sido notificada para que procediera al desalojo.
Señaló que nadie puede olvidar a una señora de 79 años, que mientras estaba sentada en el portal de su casa, una retroexcavadora de la empresa Bárcenas S.A., siguiendo órdenes de la corregidora y del mayor Fuentes, se abalanzó sobre la vivienda destruyéndola por completo.
A juicio de Guerra, el alcalde Juan Carlos Navarro sabía de la acción, porque fue quien firmó la orden, sin embargo, sostuvo que los asesores legales ni el propio Navarro tuvieron la intención mínima de asesorarse bien para saber que había un juicio de prescripción adquisitiva.
Para el abogado, la verdadera intención de la demolición es lograr beneficios de una cantera ubicada detrás del terreno donde estaba edificada la casa. "Hay águilas y aves arpías de este país que tienen un interés exclusivo en la explotación de esa cantera", recalcó.
