El abogado Carlos Gavilanes representante legal de las víctimas reveló que la demanda será presentada antes del 23 de octubre, fecha en que se cumple el primer año del accidente.
También detalló que se exigirá responsabilidad a las empresas vinculadas a la introducción del bus 8B-06 a Panamá y aquellas que le ofrecieron servicios de mantenimiento.
La demanda estará sustentada en la Ley de Protección a las Víctimas, donde se establece que el Estado está obligado a brindarles asistencia humanitaria a aquellos que sufran una tragedia en que se encuentren involucradas instituciones del Estado.
Aquí correspondía a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) regular los mecanismos para certificar que el bus era seguro para circular.
En este proceso están detenidos Edwin Jiménez, Ariel y Próspero Ortega, mecánico, dueño y conductor del bus, respectivamente.
Los sobrevivientes señalaron que el chofer del bus no quiso detenerlo a pesar de que los pasajeros se lo pidieron.
