Demandas contra Estado suman B/.244 millones

El ESTADO panameño está involucrado en diversas demandas civiles que representan un monto global de B/.244 millones 136 mil 346, suma considerada de gran importancia, pues de ser condenado el Estado, se lesionarían las finanzas públicas.
El informe de la Fiscalía Superior Especializada en Asuntos Civiles, reveló que de septiembre del año pasado a junio del año en curso, se han tramitado unos 176 procesos civiles, en donde el Estado tiene 150 demandas en su contra.
Sólo en el mes de marzo de este año, los procesos civiles totalizaron B/.101 millones 952 mil 458.
Sin embargo, el Estado también aparece como demandante en 26 procesos civiles, entre éstos, contra el Consorcio Hidrotec Ltda./F. Icaza y Cía. y Aseguradora Mundial por B/.6 millones.
Entre las principales entidades estatales que enfrentan procesos de mayor cuantía destacan: el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) por un monto de B/.10 millones, Autoridad Marítima de Panamá por B/.25 millones y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) por B/.3.5 millones.
Para el ex contralor de la República, José Chen Barría, "cualquier deuda que asume el Estado afecta las finanzas públicas, porque son compromisos que adquiere el Estado y que eventualmente habrá que buscar la manera de solucionarlos".
Sin embargo, existen mecanismos alternativos ante las demandas perdidas como son las apelaciones, ya que la Nación tiene la obligación de apelar y buscar justicia en su máxima expresión.
Así como el Estado está obligado a cumplir los requisitos contractuales, éste también debe exigir que cumplan con él.
Pero en caso de que la Nación tenga que pagar las deudas como resultado de procesos civiles u otros, existen mecanismos que tiene el país para pagar, como exigir a las empresas estatales más productividad, que el Estado ejerza un control público o ahorro en el gasto público y solicitar préstamos internacionales.
Por otra parte, el presidente del Colegio de Economistas de Panamá, Adolfo Quintero, dijo que estas demandas civiles "afectan el patrimonio del Estado, ya que Panamá es un país en vías de desarrollo y con problemas de pobreza extrema".
Entre las alternativas que subrayó el economista para abordar los desembolsos de dinero en caso de que el Estado resultara perdedor están, "negociar la forma de pago y usar otros recursos económicos que no afecten los programas de inversión social".
Por la cantidad de demandas civiles contra el Estado, donde mayormente resultaba condenado y que constituían una grave lesión a las finanzas públicas, se creó la Fiscalía Superior Especializada en Asuntos Civiles, para llevar una mayor representación en los casos en donde el Estado es parte.
Esta entidad creada mediante la Resolución 17 del 17 de marzo del año pasado, funciona como coordinadora de capacitación del Ministerio Público, para maximizar la productividad y funcionar con eficacia en la administración de justicia.
El Presupuesto General de Gastos del sector público, modificado al 31 de diciembre del 2006, fue por un monto neto de B/.7, 430 millones.