Renta 5, un vetusto edificio que llegó al fin de su vida útil y que varias familias se negaban dejar morir, será demolido dentro de dos meses.
Construido como un prometedor proyecto habitacional, el edificio se convirtió hasta el día de su clausura en un albergue de personas humildes y de ilegales.
Varios accidentes por el desplome de balcones mantuvieron en vilo a la ciudadanía y a las autoridades.
La accidentada historia del edificio incluyó dramáticos momentos, como el desalojo definitivo de esquivos inquilinos, previo a una disputa entre los entes responsables por tomar y aplicar esta decisión.
La Caja de Seguro Social (CSS) es propietaria de la famosa casa de inquilinato.
Samuel Rivera, director nacional de Compras y Ventas de la CSS, informó que a la demolición seguirá un proceso de saneamiento del área en donde se encuentra la estructura, en el corregimiento de Calidonia.
El proceso de demolición de la Renta 5 está a cargo de la Empresa Administradora de Proyectos de Construcción, la cual realizará remoción de tuberías de aguas negras y servidas, acarreo de los desechos, saneamiento completo del área y habilitación del sistema eléctrico, entre otros aspectos.
La empresa seleccionada para los trabajos de demolición fue escogida en un acto público y el costo aproximado de los trabajos es de 319 mil balboas, el cual fue aprobado por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social.
Según Rivera, luego de la demolición y retiro de escombros, la CSS tiene un tiempo perentorio para decidir qué hará con esos terrenos.
Esta estructura surgió hace más de 50 años como una opción de vivienda para los cotizantes de bajos recursos.
El procedimiento para vender el terreno consiste en que la administración tendría que enviar a la Junta Directiva de la CSS una propuesta y luego obtener un avalúo del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Contraloría General. Entre los dos avalúos se obtendrá un promedio por el que puede ser vendido este bien.
El edificio se convirtió en un dolor de cabeza para la CSS, debido a los constantes desalojos de indigentes e indocumentados que fueron apoderándose de esas viejas estructuras.
Rivera indicó que gran porcentaje de los habitantes de este edificio viven ahora en mejores condiciones de salubridad. Además, no podían permitir que esas personas continuarán viviendo allí porque existían informes del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) de que el edificio podría derrumbarse con un sismo mínimo.
