El ex director de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura (INAC), Sebastián Paniza, ordenó en 1998 la demolición de la fachada de la antigua Casa de la Cultura en San Felipe, que estaba clasificado como de "tercer orden" y que no podía ser demolido porque no contaba con los estudios ni planos para restaurar.
Así respondió el actual director de Patrimonio, Carlos Fitzgerald, a los cuestionamientos hechos por su antecesor Paniza, al criticar la demolición de la casa ubicada en varias fincas de la avenida Eloy Alfaro.
Fitzgerald dijo que siendo miembro de la Comisión Nacional de Arqueología y Monumentos Históricos (CONAMOH), en 1998, le correspondió oponerse a la decisión de Paniza, ya que se estaba procediendo a derribar la fachada sin realizar ningún tipo de estudio.
Según Fitzgerald, lo grave es que se ordenó la demolición y eliminación de la casa para construir allí una "plazoleta mirador", pero que la demolición no se completó porque en su momento CONAMOH se opuso.
Sebastián Paniza envió al entonces director de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá, René Paniza, una nota en la que se autorizaba al ingeniero Rubén Puertas para demoler el inmueble ubicado sobre las fincas 789 y la 786, ambas localizadas en la manzana 46, propiedad del INAC.
La demolición tenía como intención "rescatar el medio baluarte de la antigua muralla colonial que se encuentra en el perímetro de estas fincas". En el informe que contiene los datos generales de la Casa del Arte dice que es un inmueble que se construyó en el siglo XIX, con poco valor arquitectónico, pero con gran valor ambiental. Sostiene que para este tipo de edificación se deberá conservar la fachada existente, eliminándose o modificándose los elementos discordantes conforme lo determine la Dirección de Patrimonio Histórico.
Gallegos informó que de los casi 3 millones de habitantes, el 37% es pobre y de este porcentaje el 73% se encuentra en las áreas rurales. Esta pobreza indica que el ingreso mensual de una persona del campo es de 16 ó 18 dólares, considerando que al año recibirían sólo 300 dólares, lo que se traduce en extrema pobreza.
De los distritos escogidos de mayor pobreza se encuentran: Olá, La Pintada, Penonomé, Cañazas, Santa Fe, Calobre, Soná, Las Palmas, los siete distritos de la comarca Ngöbe Buglé; Donoso, Chagres, Tonosí, Macaracas, Chimán, Capira, Las Minas, Los Pozos, entre otros.
Las granjas.- En términos generales las comunidades de prioridad son 6,063 que se benefician con estas granjas de producción, en las que trabajan padres y madres para el sostenimiento de la familia.
La ingeniera Yariela Gallegos explicó que con las granjas se busca que los campesinos e indígenas conformen una organización productiva, llámese asociación de productores o cooperativas, para que sean independientes y autosostenibles.
Es importante recalcar que durante los meses de marzo y abril se exportó sandías por el apoyo brindado por el Fondo de Inversión Social y el Banco Interamericano de Desarrollo.
El proceso involucró que los presidentes de granjas se incorporaran a la Unión de Exportadores de Calobre, en la que se destaca, que estas personas si acaso llegan a un grado de escolaridad, hasta sexto grado.
La capacitación de los trabajadores de las granjas fue implementada por la labor de un grupo de profesionales técnicos agropecuarios, lo que tomó muchos meses, pero que realmente quisieron recibir la ayuda pese a lo remoto en que se encuentran las poblaciones.
Aunque no tienen personería jurídica, las granjas Mucha Agua, La Ciraca y Buena Vista laboran como una junta directiva.
Mientras que otras pretenden ingresar a otros mercados internacionales con el rubro comercial de ají picante, como lo son las granjas Las Flores y Mucha Agua de Calobre.
Subsidios.- El Patronato de Nutrición tiene un orden de operaciones de 1 millón de dólares, al recibir un subsidio del Estado por parte del Ministerio de Salud de 655 mil dólares. Tienen 43 ingenieros agrónomos y técnicos bachilleres agropecuarios y trabajadoras sociales.
Igualmente, han recibido el apoyo de clubes cívicos, empresas privadas, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo de Inversión Social (FIS), las embajadas de la India y Chile que ha mantenido, a través de su embajador Jaime Rocha Manrique, un apoyo con las granjas sostenibles.
En la actualidad se perfila una reestructuración de 32 proyectos con miras a la comercialización masiva y a nivel interno.
Gallegos fue enfática en expresar que esta organización no gubernamental no ha tomado el papel que debe cumplir el Estado, ya que son estas entidades las que ejecutan las labores sociales, siempre supervisadas para que se implementen los programas.
Aceptó que es necesario que el problema de la pobreza en los campesinos e indígenas debe ser un tema de Estado.
La producción de las granjas ha permitido a un sinnúmero de personas que pueda obtener la unidad de producción agropecuaria, cuyos rubros agrícolas, pecuarios y forestales se integran entre sí.
También permite a los miembros de las mismas obtener parte de la demanda del alimento básico a nivel familiar, así como también, mediante la venta de los productos excedentes, lograr ingresos adicionales que permitan mejorar su calidad de vida. Quizás, como afirmó la ingeniera Gallegos, "a ningún padre le gustaría ver a su hijo pasar hambre". Y esta es la situación que están tratando de superar miles de panameños en regiones apartadas del país.
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