Las quejas por la manipulación de expedientes para armar procesos en contra de funcionarios del anterior gobierno no es un tema mediático, ya que en los tribunales de justicia circula una denuncia penal en este sentido.
La acción fue interpuesta por el abogado Ronier Ortiz, en contra del fiscal auxiliar Marcelino Aguilar.
El motivo fue la fabricación de un testigo fantasma, el que no tenía nombre ni apellido, pero fue elemento clave para que el mencionado funcionario de instrucción allanara en horas de la madrugada las residencias de los exsecretarios de Seguridad del Consejo de Seguridad Gustavo Pérez y Alejandro Garuz.
Por esta acción, ambos exfuncionarios permanecieron detenidos por más de un año a órdenes del Ministerio Público en espera de un juicio.
Y esto no es todo, existe el pronunciamiento del Juzgado Décimo Sexto de circuito de lo Penal, en la audiencia preliminar del caso de los pinchazos, el cual señala que el testimonio que utilizó el Ministerio Público para armar este expediente contra Garuz y Pérez no tenía el crédito de testigo protegido.
