El tema de la justicia selectiva ha pasado de las opiniones a los hechos, luego de que ayer se interpusiera una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación por los delitos contra la administración pública en la modalidad de infracción de los deberes de los servidores públicos.
El motivo de la denuncia, que fue presentada por el abogado Benito Mojica, es por la forma como se están aplicando las medidas cautelares, principalmente en el caso de las detenciones preventivas.
La denuncia surge, tras el aumento de expedientes en las fiscalías anticorrupción, en los casos que se investigan en contra de funcionarios del anterior gobierno y empresarios.
En el escrito, Mojica señala a los funcionarios del Ministerio de Gobierno, por ser la entidad rectora de la administración de los centros penitenciarios, como unos de los principales responsables, porque son los que deben coordinar los destinos de las personas sometidas a detenciones preventivas.
También se menciona en la denuncia a los fiscales anticorrupción por ser quienes decretan las detenciones y por ley también el deber de garantizar que los detenidos serán recluidos a los lugares adecuados por ley.
Recientemente, la procuradora Kenia Porcell reconoció que es responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Gobierno establecer el lugar donde se aplicará la detención preventiva.
Opinión que no es compartida por el abogado Benito Mojica, quien asegura que la ley les otorga esa facultad a los funcionarios de instrucción, es decir, los fiscales anticorrupción.
También en la denuncia el jurista cuestionó el hecho de que hay personas investigadas y se les da medidas más flexibles que a otras, pese a que tienen los mismos cargos en los mismos casos.
"Pareciera que el nombre y apellido de un imputado influye a la hora de aplicar las medidas cautelares", dijo Mojica al referirse a la selectividad con que se aplican las medidas cautelares.
Juristas han cuestionado el hecho de que hay empresarios o exfuncionarios involucrados en un mismo caso o en un hecho semejante y se les dan medidas cautelares distintas.
El cuestionamiento que ha hecho el jurista es que a los exfuncionarios y algunos empresarios que se les ha decretado detención preventiva se les ha mandado a la Policía Nacional, cuando en la Ley 55 sobre la reglamentación del Sistema Penitenciario en Panamá, no establece las celdas transitorias de los estamentos de seguridad como lugares para mantener personas arrestadas por largo tiempo.
Esto no se está dando, manifestó el abogado Mojica, al argumentar que en la Policía Nacional, estos detenidos tienen mejores condiciones que el resto de los privados de libertad que están en espera de juicio y permanecen en las instalaciones del Sistema Penitenciario.
En estos momentos, unos cinco funcionarios del gobierno anterior tienen detención preventiva.
Claves
- Denuncia
- El abogado Benito Mojica sustenta la denuncia por las medidas cautelares que han otorgado los fiscales anticorrupción y por la manera como se están aplicando.
- Acciones
- Se trata de una denuncia en sumarias de averiguación para que la procuradora investigue de oficio.
- Parte denunciada
- Los funcionarios de instrucción del Ministerio Público y los servidores administrativos encargados de los centros penitenciarios.
- Detenidos
- En el sistema transitorio de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) permanecen detenidos los exministros Frank De Lima y Guillermo Ferrufino, mientras que en la Policía Nacional están el exministro del Mida Oscar Osorio y el exdirector de Ingresos Luis Cucalón
