Residentes de las comunidades cercanas al Corredor Sur, aglutinados en la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, presentaron ante el Ministerio de Economía y Finanzas una denuncia de "bienes ocultos" contra la empresa mexicana ICA-Panamá, cuya cuantía ha sido estimada en cerca de B/.50 millones, informó ayer un portavoz de la agrupación.
"Esta denuncia consiste en pedirle al ministerio que investigue primero si efectivamente ha habido bienes ocultos a raíz del contrato de concesión, y segundo, que le otorgue la personería a los afectados para que ellos puedan recurrir a los tribunales con los mismos privilegios del Estado, y demandar la restitución de esos bienes para que entren al erario", declaró el asesor ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Félix Wing Solís.
Agregó que los denunciantes, representados por la firma de abogados Morgan & Morgan, aducen que como resultado del superávit que produciría el polémico Proyecto Inmobiliario Punta Pacífica, ICA obtendría "unos B/.128 millones de ganancia, en vez de los B/.84 millones pactados en el contrato de concesión".
Según Wing Solís, de acuerdo al Contrato 70-96, suscrito por el entonces ministro de Obras Públicas, Luis Blanco, los terrenos de Punta Pacífica son transferidos a ICA a un valor catastral de B/.250 por metro cuadrado.
Sin embargo, añadió, el propio contrato establece el precio promedio por metro cuadrados en B/.235.93 para el antiguo Aeropuerto de Paitilla y B/.135.24 para los rellenos, lo que produciría una diferencia de por lo menos B/.44.6 millones.
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