El secretario de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), Leandro Avila, denunció ayer que esta semana se dieron ochenta destituciones en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y unas doce en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, y acusó a la presidenta de la República, Mireya Moscoso, de tener "doble moral".
De acuerdo con Avila, con las rotaciones que se dieron en algunos ministerios se reanudaron los despidos en varias instituciones del Estado, porque ya el ministro Víctor Juliao tiene el antecedente cuando estuvo a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Indicó que Juliao destituyó a más de 300 funcionarios del MEF y ahora está aplicando la misma política en el Ministerio de Obras Públicas, donde empezó por algunos miembros de su propio partido, el Arnulfista.
Explicó que está destituyendo a funcionarios con más de 4 ó 7 años de servicios en el MOP, y la misma medida también se está aplicando en la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) donde la semana pasada se dieron 22 destituciones.
El funcionario precisó que se espera que los despidos se incrementen hoy cuando le paguen la primera quincena correspondiente al mes de septiembre.
Subrayó que la mandataria Mireya Moscoso tiene "doble moral" porque habla de pobreza con su Santidad el Papa Juan Pablo II, sin embargo, aquí su equipo de gobierno ordena destituciones en varias instituciones estatales.
Señaló que la crisis económica que vive el país afecta principalmente a las personas desempleadas y el gobierno está contribuyendo con las destituciones masivas, acrecentando la pobreza.
"Cada persona que se destituye ingresa al ciclo de pobreza y así aumenta el nivel de incertidumbre en el país", acotó Avila.
Añadió que la próxima semana la FENASEP realizará una reunión para analizar los despidos que se están dando y reactivar las acciones de protesta en las calles.
Explicó que en la actualidad los empleados destituidos no tienen dónde presentar su queja, porque la aplicación de la Ley de Carrera Administrativa se encuentra suspendida por un Decreto Ejecutivo y la Junta de Apelación y Conciliación, ante la renuncia de una funcionaria, quedó en acefalía.
Puntualizó que a raíz de esta renuncia la Junta de Apelación no podrá dirimir ningún caso que sea presentado por los trabajadores afectados por las acciones gubernamentales.