En una acción posiblemente gestada por la "alta cúpula" del PRD de Chorrera, un inspector de Corrección y a la vez secretario de la Asociación de Estudiantes Universitarios, fue destituido de la dependencia carcelaria, debido a una encuesta preelectoral en el centro de estudios superiores en que salió favorecida Mireya Moscoso.
Eso es lo que alega Jairo Contreras, ex inspector en La Chorrera de la Dirección Nacional de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia, quien fue destituido cuando se acató el Decreto del 21 de abril de 1999, firmado por el presidente Ernesto Pérez Balladares y la ministra de Gobierno, Mariela Sagel.
Según Contreras, la encuesta causó molestias a los dirigentes del PRD, lo que le granjeó acusaciones de manipulación, mal manejo, y el malestar se hizo manifiesto en los miembros de la "alta cúpula" del área
oeste cuando conocieron los resultados, por tanto la persecución "puede venir de allí".
Según el Decreto de destitución, la acción se fundamenta legalmente en los artículos 295 de la Constitución Nacional y el 629 del Código Administrativo.
De acuerdo con el Código Administrativo, el Presidente de la República puede dirigir la acción administrativa nombrando y removiendo sus agentes, suspender la provisión de cualquier empleo que le esté confiada si, a su juicio, no se necesita para el buen servicio público, exceptuando los creados por la Constitución.
Está facultado además, de conformidad con la misma norma, para remover aquellos empleados de su elección, salvo cuando la Constitución o las leyes dispongan que no son de libre remoción, y suspender a los empleados de su elección cuando sea necesario por causa criminal y el tribunal lo decrete.
El 295 de la Constitución señala que los servidores públicos serán de nacionalidad panameña sin discriminación de raza, sexo, religión o creencia y militancia política, y su nombramiento y remoción no será potestad absoluta y discrecional de ninguna autoridad, salvo lo que dispone ésta Constitución.
El mismo artículo dispone que los servidores públicos se regirán por el sistema de méritos; y la estabilidad en sus cargos estará condicionada a su competencia, lealtad y moralidad en el servicio.
El ex inspector alega que no conoce las causales exactas de su destitución, pero reprocha que no se le permita acceso a tal información.
"Hemos solicitado al Departamento de Personal del Ministerio de Gobierno y Justicia de nuestro expediente, pero no hemos recibido respuesta", declaró.
Preguntado si atribuye alguna responsabilidad por persecución sobre el presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares y la ministra de Gobierno y Justicia, Mariela Sagel, Contreras declinó atreverse a señalar responsabilidad de ellos, aunque sí reiteró que fueron quienes firmaron el Decreto.
