El empresario estadounidense, Charles Jumet, "entregó personalmente" un segundo cheque por la suma de B/.2,000 el 27 octubre de 1999 a la entonces candidata presidencial, Mireya Moscoso, para colaborar en su campaña política, según afirmó anoche el periodista Tomás Cabal.
Cabal, quien fue denunciado ante el Ministerio Público por el contralor Alvin Weeden por, presuntamente, encabezar un plan de desprestigio contra el Gobierno, dijo que esta versión se la reveló el propio Jumet.
Según Cabal, el segundo cheque fue un complemento del primero por B/.25 mil entregado a Moscoso para su campaña presidencial.
Paralelamente, funcionarios del Ministerio Público realizaron ayer un allanamiento a las instalaciones de la empresa San Cristóbal International Limited, en donde Cabal labora como relacionista público.
En el allanamiento, se logró ubicar dos cheques por la suma de B/.2,500, supuestamente pagados a Cabal para el inicio de una campaña de descrédito contra altos funcionarios del Gobierno.
Ayer también el Ministerio Público le tomó una declaración jurada al abogado Bratt Miller, quien presuntamente habría sido la persona encargada de la contratación del periodista para la realización del complot.
Una fuente ligada a las investigaciones precisó que supuestamente Cabal fue contactado por miembros de la empresa San Cristóbal, entre ellos Miller, para desprestigiar al director de la Policía Nacional, Carlos Barés; al ministro del Canal, Jerry Salazar y al magistrado de la Corte Suprema, Winston Spadafora.
Precisó que toda esta situación fue denunciada por Michelle Lescure, quien inicialmente sería contratada como traductora por San Cristóbal, pero luego desistió y puso en conocimiento del Ministerio Público el supuesto complot.
La fuente también reveló que en un análisis realizado al teléfono celular de Lescure se encontraron dos llamadas del periodista Cabal en donde supuestamente realizaba amenazas para que no pusiera en conocimiento de las autoridades estos hechos.
La fuente reveló que ayer durante el allanamiento se logró ubicar una gran cantidad de documentos presuntamente relacionados con las denuncias presentadas por Weeden.
En tanto, la procuradora encargada, Mercedes Araúz de Grimaldo, aseguró que a pesar de su parentesco con el ex presidente Ernesto Pérez Balladares no se declarará impedida en las investigaciones que le toque realizar en el sumario por el caso Ports Engineering and Consultants Corp. (PECC).
Sostuvo que el Código Judicial le permite hacer las investigaciones, pues el mismo sólo establece impedimentos hasta el cuarto grado de consanguinidad.
"Ese parentesco que tengo con el ex presidente Pérez Balladares, que se conoce en este país desde el día que me nombraron y que nunca niego, no llega en los grados de consanguinidad de afinidad que establece la ley para que yo me tenga que declara impedida", señaló.
Preguntó además que si en los nueve años en el cargo de procuradora suplente, su actuación ha sido cuestionable a pesar de ser pariente del ex mandatario.
"Todos los que estén involucrados en las pruebas que remita el contralor serán investigados por el Ministerio Público", aseguró.
En cuanto a las personas que se incluyan en la investigación, la procuradora no afirmó ni rechazó que se pueda involucrar a periodistas por la presunta participación en este delito.
"Todavía no sé", respondió al ser abordada sobre la investigación contra periodistas "Tienen que esperar a que se arme un expediente", concluyó.
Por otro lado, la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, remitió ayer a la Corte Suprema de Justicia su opinión, en torno a una petición hecha por el contralor Weeden para que se suspenda el contrato adquirido por el Estado con la empresa PECC.
Explicó que lo que envió a la Corte fue una opinión que le solicitó la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, en torno a una petición de suspensión del contrato hecha por Weeden.
Montenegro de Fletcher prefirió no emitir comentarios en los medios de comunicación en torno a esta solicitud, antes de que su opinión sea recibida por la Corte Suprema de Justicia.
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