Una querella penal por los delitos de abuso de autoridad y extralimitación de funciones, falsedad ideológica y corrupción de funcionarios fue presentada ayer ante el Ministerio Público contra funcionarios de Bienes Patrimoniales, el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) y de la Reforma Agraria, por la supuesta venta irregular de tierras pertenecientes al asentamiento Unión Campesina.
De acuerdo con el abogado Rafael Rodríguez, los terrenos del asentamiento fueron vendidos a personas que no tenían fondos para su adquisición.
Según Rodríguez, para la venta de las tierras no se tomó en cuenta a los campesinos de la región, quienes debían tener la primera opción de compra. Señaló que los campesinos fueron despojados de sus tierras de manera dolosa y que la venta se hizo de manera irregular.
La investigación incluyó pruebas de explosivos que coincidieron en una mezcal de zentex, material que no es vendido en Panamá.
Se solicitó la toma de declaración a Gustavo de Jesús Upegui, contador del Cartel de Cali, quien supuestamente tenía información sobre el tema. También se pidió pruebas de ADN a Lya Jamal.
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