Después de excluir el artículo que pretendía hacer más fácil la presentación de denuncias por enriquecimiento ilícito contra funcionarios, el pleno de la Asamblea Legislativa aprobó ayer en tercer debate el Proyecto de Ley sobre Delitos Financieros que había sido vetado por la presidenta Mireya Moscoso.
La propuesta, que había sido presentada por el procurador José Sossa, tenía como tema central los delitos financieros, pero incluía una modificación al Código Penal para permitir que las denuncias por enriquecimiento pudieran ser presentadas sin incluir el requisito de las pruebas sumarias.
Sossa dijo la semana pasada, en un evidente tono de molestia, que las modificaciones hechas a este proyecto promovían la corrupción de los funcionarios, porque hacía más difícil la denuncia de enriquecimiento ilícito.
Además, legisladores opositores como Jerry Wilson y Aníbal Culiolis consideran que el veto del Ejecutivo, ratificado por el Legislativo, dificultará la posibilidad de que cualquier ciudadano que sospeche de algún funcionario por enriquecimiento ilícito pueda presentar una denuncia legal.
El proyecto había sido aprobado en el pasado período de sesiones ordinarias, pero la presidenta Moscoso consideró que el artículo presentado por el procurador para eliminar la prueba sumaria era inconveniente y decidió vetarlo.
Al eliminar la norma, se mantiene la actual que establece que cualquiera que denuncie a algún funcionario por enriquecimiento ilícito debe presentar la prueba sumaria que demuestre el hecho.
Por medio del proyecto de ley, se establece que quien en beneficio propio o de un tercero, mediante la utilización de medios tecnológicos u otras maniobras fraudulentas, se apodere, haga uso indebido u ocasione la transferencia ilícita de los dineros, bienes, valores u otros recursos de una entidad financiera, será sancionado con prisión de tres a cinco años. Este proyecto fue aprobado para actualizar la legislación nacional y evitar nuevas quiebras como las del Grupo Adelag, Banaico o Estrella Mar.
Denuncias de corrupción enfrentarán más trabas
Señala que los ciudadanos que denuncien enriquecimiento ilícito deben presentar la prueba sumaria.