El Sistema Penitenciario viola los derechos de los privados de libertad en los penales del país, denunció la Defensoría del Pueblo.
La entidad inició una investigación en atención a una queja de los detenidos por la suspensión de la conmutación de penas por trabajo y estudios, la cancelación de las salidas de fines de semana y la limitación de las salidas colectivas para los reos que trabajan intramuros.
El defensor del pueblo, Ricardo Vargas, sobre estos hechos que acontecen con la actual dirección general del Sistema Penitenciario, sostiene en un comunicado que esta situación ha provocado los conatos escalonados de huelgas de hambre en algunos centros en las últimas semanas.
"No sólo vulnera los derechos de los reclusos, sino que ciertamente debilita los esfuerzos de resocialización que debe cumplir el Sistema Penitenciario, los cuales están establecidos en el artículo 28 de nuestra Constitución Política", agrega el comunicado.
Vargas instó al Estado panameño a realizar las acciones correspondientes, a realizar un mayor esfuerzo para garantizar los derechos humanos de los privados de libertad, a fin de cumplir con lo que dispone la Constitución Política de la República de Panamá.
"Nada justifica que luego de la aprobación de importantes instrumentos nacionales e internacionales en derechos humanos, el Sistema Penitenciario adolesca de las mismas deficiencias", estableció el ombudsman Ricardo Vargas.
De los más de 11 mil privados de libertad, el índice de hacinamiento es a la fecha de 158%.
Al conocerse esta cifra la Defensoría estima que supera el punto crítico del 120% del hacinamiento.
Esta situación le da a Panamá un deshonroso lugar en América Latina en el índice de población detenida por cada 100 mil habitantes, señala la entidad.
Instó al gobierno nacional a dinamizar la Comisión de Libertades Condicionales, que tiene como misión discutir los criterios legales para el otorgamiento del beneficio y la conformación de Juntas Técnicas.
