El Acuerdo 398 del 8 de mayo de 2009, que permitía la suspensión de funcionarios judiciales por faltas éticas o disciplinarias, fue derogado por la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia.
El acuerdo en mención, autorizaba al Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a solicitar la suspensión del cargo a un funcionario judicial por faltas disciplinarias o éticas graves, como consecuencia de informes de auditoría judicial o auditoría interna u otra fuente probatoria idónea.
El propio presidente de la Corte y de la Sala Primera (Civil), Harley James Mitchell, señaló que los procesos iniciados a lo interno del Órgano Judicial “han venido resolviéndose, y muchos ya cuentan con sus respectivas decisiones”.
La derogación del Decreto 398 que permitió las auditorías judiciales y la separación e investigación de varios jueces por delitos éticos, fue aprobada por el propio Presidente de la Corte, así como también por los magistrados Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la Sala Segunda Penal, y Víctor Leonel Benavides, presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral; y por el secretario general de la Corte, Carlos Cuestas.
Algunos de los jueces investigados por la Corte son el juez Sexto Penal, Rubén Royo; séptimo Penal, Felipe Fuentes; Manuel Correa, de San Miguelito, que fue absuelto, y el juez de La Chorrera, Ricardo Mazza, entre otros.
