La eliminación de la Sala Quinta de la Corte Suprema de Justicia por medio de una ley como pretende el gobierno arnulfista, sería un acto "inconstitucional por inexequible", afirmó ayer el legislador perredista y expresidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Roberto Abrego.
Según el legislador, el proyecto que aprobó el pasado jueves el Consejo de Gabinete para derogar la Sala Quinta es "atentatorio" contra el orden constitucional del país.
Expresó que la remoción de los magistrados de la Corte no se puede hacer por medio de una ley, ya que la propia Constitución así lo dispone y sostiene que la única forma en que esto se puede hacer es por medio de un juicio que le correspondería hacer a la Asamblea Legislativa.
La Constitución Nacional en el numeral 1 del artículo 154 establece como una de las funciones judiciales de la Asamblea Legislativa, conocer las denuncias que se presenten contra los magistrados de la Corte Suprema, juzgarlos por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público o violatorias a la Carta Magna o las leyes.
Añadió que los parámetros están claramente establecidos en la Carta Magna y cualquier otra acción que se haga y no esté dentro de éstos, se convertiría en un acto violatorio de la Constitución, y por lo tanto susceptible de ser demandado por inconstitucional.
Abrego fue el presidente de la Comisión de Gobierno, cuando se aprobó en primer debate el proyecto de ley que creó la Sala Quinta y uno de los pocos legisladores perredistas que defendió el proyecto durante su discusión ante el pleno legislativo.
Por otra parte, la decisión de la presidenta Mireya Moscoso de derogar la ley que crea la Sala Quinta fue catalogada por el presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Guevara, como un paso importante, ya que su creación no fue producto de una amplia discusión de la sociedad civil ni mucho menos del Organo Legislativo.
Según el dirigente, la decisión de Moscoso no es ajena al sentir del pueblo panameño o de los sectores que se opusieron abiertamente a la discusión y aprobación de la Sala Quinta.
Guevara consideró que luego del ejemplo que representó la Sala Quinta, tanto el Organo Ejecutivo como Legislativo deberán evaluar y establecer que todo lo referente a la administración de justicia en Panamá debe mantener una amplia discusión para evitar las discrepancias que originó esta ley.
Para ello, dijo, es necesario el debate amplio y sano, tomando en cuenta que según las normas legales la aprobación de esta Sala en sesiones extraordinarias constituyó "un acto bien irregular".
Reiteró que la medida que impulsa Moscoso es apta y cónsona con la posición del Colegio de Abogados, porque realmente representa un paso importante y necesario para mejorar la calidad de la administración de justicia en Panamá.
En tanto, el exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, Rolando Murgas Torraza, afirmó que la derogación de la Sala Quinta no será una tarea fácil y que le tocará a la Corte Suprema decir la última palabra en este caso.
Añadió que hay puntos que se deben esclarecer, de llegarse a un acuerdo dentro de la Asamblea Legislativa para su derogación, como lo sería el estado de los nombramientos de los tres magistrados que conforman la Sala, ya que constitucionalmente sus períodos son de 10 años.
Aseguró que argumento de fondo en esta situación, es el hecho que el proyecto de ley que creó la Sala Quinta se discutió muy poco y que se le dio un ribete netamente político por las partes involucradas en la discusión.
