Mónica Serrano, Amílcar Pino y Joel Lorenzo Martínez, tienen en común haber desaparecido de sus casas por extrañas circunstancias.
Sin embargo, los restos de Amílcar y Joel aparecieron en condiciones que requieren someterlos a la prueba del ADN para confirmar su identidad.
Investigar la desaparición de un niño es a veces muy difícil, por lo desesperante de no tener pistas y el temor de lo que pueda haber ocurrido.
Ronier Ortiz, delegado de la Fiscalía Auxiliar, quien trabajó en la búsqueda de la niña Mónica Serrano, desaparecida en febrero de 2003, alegó que por fortuna existen pocos casos de desapariciones de niños, pero que investigar un caso de esta índole implica en ocasiones grandes dificultades.
Primeramente hay que trabajar con la familia para saber si el niño realmente fue secuestrado, raptado o si sólo se encuentra en casa de un familiar o un amigo.
La ley establece que la denuncia debe presentarse a las 24 horas del hecho, pero en este lapso la familia debe agotar todas las posibilidades, con familiares, amigos, vecinos e iniciar una búsqueda preliminar por los lugares frecuentados por el menor.
Una vez agotado esto se procede a iniciar la investigación. Explicó que en el caso específico de Mónica Serrano se realizaron una veintena de diligencias, inspecciones y se tomaron cientos de declaraciones, pero a la fecha todo ha sido en vano.
Consideró que este no es un caso típico, ya que a la fecha no existe ningún indicio del posible paradero de la menor.
Otro de los casos de niños desaparecidos es el de Amílcar Pino, quien fue reportado como perdido el 19 de agosto de 1994, en la comunidad de Las Malvinas, corregimiento de Pocrí en el distrito de Aguadulce. Desapareció al salir de su vivienda.
No obstante, 14 días después el cuerpo de un menor con las mismas características fue ubicado en una finca del área.
A raíz de este hallazgo el Ministerio Público ordenó la toma de muestras biológicas del cuerpo y de los padres del menor para realizar una prueba de ADN.
Sin embargo, aún los resultados de la prueba no se han obtenido y no se ha dado una identificación positiva del menor.
De acuerdo con el padre del niño, Bonifacio Pino, en ese entonces los restos fueron trasladados hacia la morgue judicial en la ciudad capital, pero lamentablemente las investigaciones no continuaron.
Otro caso particular fue el de la desaparición del niño Joel Lorenzo, en donde la fiscal de Penonomé, Argentina Barrera, también ordenó la realización de una prueba de ADN.
Los restos que se presumen corresponden al niño Joel Lorenzo, fueron ubicados en la comunidad de La Martillada, Penonomé, a dos horas de camino de su casa, tras permanecer desaparecido por espacio de dos meses.
Las evidencias apuntan a reforzar la tesis de que el menor fue asesinado, pero que aún esta circunstancia no se ha acreditado dentro del expediente.
Joel Lorenzo Martínez desapareció de su residencia, ubicada en la comunidad de Atré, corregimiento del Pajonal, en Penonomé, cuando sólo tenía 18 meses de edad y sus restos fueron ubicados en una finca a más de dos horas de distancia.
En este tipo de casos en donde casi no existen pistas, las autoridades deben echar mano de herramientas científicas para establecer móviles, encontrar causas de muerte e identificar sospechosos.
En la investigación por la desaparición de Mónica Serrano el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público evaluó psicológicamente a Julissa Ortega, una de las investigadas, y se pudo establecer que es una mitómana.
Ortega condujo a los investigadores de la PTJ y el Ministerio Público a múltiples pistas falsas, sobre la ubicación de Mónica Serrano.
El psiquiatra forense del Instituto de Medicina Legal, Alejandro Pérez, estimó que Julissa Ortega podría ser una mitómana y por ello ha dado a las autoridades varias versiones sobre la desaparición de la niña Mónica Serrano.
Sin embargo, estimó que se debe realizar una serie de evaluaciones psiquiátricas y sicológicas para determinar su estado mental, pues en estos casos es recomendable efectuar un análisis integral.
Pérez detalló que es muy difícil para una persona fingir demencia, ya que un especialista capacitado rápidamente advierte cuándo un paciente está simulando un estado emocional que no corresponde con su realidad.
También detalló que en sus 10 años de experiencia ha manejado una gran cantidad de estados patológicos de pacientes involucrados en la comisión de diversos actos delictivos, quienes han tratado de burlar a la justicia.
La aplicación de las prueba de ADN puede ser determinante para hallar indicios y evidencias de quiénes participaron en estos hechos.
Hace poco el Ministerio Público suscribió con la empresa española Genómica-Ibadesa S.A., un contrato para la instalación de un laboratorio de ADN, que permitirá el análisis de muestras biológicas recabadas en el lugar del crimen.
En el contrato la empresa española Genómica Ibadesa, se compromete a instalar una unidad de análisis biomolecular.
También laboratorios de huella genética, serología forense, fibras y pelos y un banco de datos de ADN que servirá para cotejar las muestras obtenidas con la de posibles delincuentes.
El director del Instituto de Medicinal Legal, Humberto Mas, aseguró que los equipos permiten la investigación de casos graves en donde resulta difícil ubicar a los sindicados en la escena del crimen. Precisó que la prueba de ADN tiene un 99% de certeza y ello hace posible identificar a una persona responsable de un crimen, a pesar de la ausencia de testigos.