El vicerrector de la Universidad de Panamá (UP), Jorge Cisneros, descartó que las autoridades de ese centro de estudios analicen la posibilidad de aumentar la matrícula para generar más ingresos y señaló que hoy se establecerán las comisiones para deslindar responsabilidades de lo ocurrido la semana pasada. Esta es una posibilidad que "ni siquiera hemos pensado", recalcó Cisneros, quien explicó que de aumentarse la matrícula, disminuiría la cantidad de estudiantes que tendrían la posibilidad de ingresar a la UP.
Explicó que el 60 por ciento de los estudiantes que se matriculan provienen de hogares donde los ingresos son menores a los B/. 400 y un aumento de matrícula significa cortar la "única opción que tiene la gente pobre" de accesar a la educación universitaria. Cisneros adelantó que hoy se realizará el Consejo Académico y allí se discutirán, con la participación de todos los sectores de la Universidad, las acciones del paasado viernes.
Expresó que ya la Universidad de Panamá ha firmado un pacto con la empresa Unión Fenosa para solucionar el problema de la luz eléctrica, sin embargo, acotó que la UP ha registrado un crecimiento en estructuras, equipos y matrícula estudiantil. Recordó que hace 5 años, la "U" tenía 171 edificaciones y hoy cuenta 210; y además se han invertido B/.30 millones en nueva tecnología que consume energía eléctrica, por ende, es imposible que se siga consumiendo la misma cantidad de energía.
Agregó que el año pasado se registró una matrícula de 55 mil estudiantes, pero este año la matrícula se acerca a los 70 mil. Añadió que para atender el problema de la energía eléctrica, la Universidad ha destinado este año B/.1.5 millones más de lo asignado para el pago de luz, utilizando los recursos propios que genera la institución educativa.
Sin embargo, el interés de la UP es resolver el problema de manera permanente para que no se repitan situaciones irregulares al final del próximo año. Las declaraciones de Cisneros se dieron durante un encuentro que sostuvieron los rectores de las diversas universidades públicas y privadas que funcionan en el país, para coordinar la participación de la sociedad en las iniciativas legislativas.
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