La empresa Intercarib, representada por Julio Lisac, que a inicios de este año recuperó sus derechos sobre la concesión de la hidroeléctrica Bajo de Mina, presentó una demanda contra el Estado reclamando la indemnización por los daños y perjuicios causados durante el periodo que se le despojó el proyecto entre enero de 2007 y finales de 2010.
La Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) anuló en 2007 la concesión de Lisac que databa de 2003, y le cedió los derechos a la empresa Ideal Panamá, propiedad del hombre más rico del mundo, Carlos Slim.
El 11 de noviembre de 2010, la Sala Tercera de la Corte declaró ilegal la resolución de la ASEP, que canceló la concesión de Lisac devolviéndole sus derechos. Sin embargo, en el sitio del proyecto, la empresa de Slim ya había invertido 170 millones de dólares en una hidroeléctrica con capacidad para generar 56.8 megavatios.
Ayer, representantes de Intercarib confirmaron que la demanda por indemnización contra el Estado por daños emergentes y lucro cesante asciende a 103 millones de dólares.
La empresa señaló que este monto que se incrementa cada mes, a medida que la Corte demore en resolver el caso.
El camino para Intercarib parece estar allanado y respaldado por posibles negligencias legales que ahora le pesarán más que nunca al Estado.
El fallo de la Corte Suprema de noviembre de 2010 le hizo un llamado a la ASEP “por la forma poco diligente en que actuaron en la jurisdicción. El ente de justicia también resaltó que el caso “sin lugar a dudas ha afectado los intereses” del Estado “y por ende de la sociedad”.
La Corte destacó en su fallo que durante el proceso de demandas no constó “que la ASEP y su apoderado judicial realizaran las actuaciones propias para los procesos de tal naturaleza, entendiéndose aquella tendiente –en representación de los intereses de la Nación- a defender y sostener el acto administrativo dictaminado. Es decir, que dicha entidad únicamente presentó oportunamente el informe de conducta”.
Con ello quedó demostrado “que se dejó en abandono los intereses de la Nación, confiados tanto a la ASEP como a quien ostentó su representación legal, a saber, la firma forense Icaza, González, Ruiz & Alemán (IGRA), misma que a su vez se encontraba representada por el licenciado Jorge Alexander Molina Mendoza”, precisó la Corte.
Panamá Américaintentó conocer ayer la versión del abogado Molina, pero en la firma IGRA se informó que se encontraba de viaje. Fuentes oficiales del Gobierno confirmaron ayer que detrás de todo este problema resalta un caso de negligencia de los abogados privados que fueron contratados para defender los derechos de la Nación.
La firma IGRA perdió por este caso el contrato de asesoría legal que mantenía con la ASEP desde comienzos del actual Gobierno.
Sin embargo, las posibilidades de que el Estado gane esta nueva demanda en su contra son mínimas. En su fallo, la Corte también dio paso al reclamo de indemnización por parte del empresario Lisac, luego de que su concesión le fue cedida a otra compañía.
“Ello da paso a la configuración de daños y perjuicios que, en su momento, previa acreditación y agotamiento de los trámites y procedimientos pertinentes, tendrá que demostrar la parte afectada”, afirmó la institución.
