Ciudad de México-Mientras que en Panamá encarcelan al director de un diario y amenazan con legislar nuevas restricciones a la libertad de expresión, en México con la elección del panista Vicente Fox a la Presidencia se reabre el pospuesto debate sobre la reforma de la regulación del derecho de información.
El nuevo equipo capitaneado por el presidente electo y el próximo Congreso se prepara a conformar una alianza "para impulsar ese tránsito de la obsolescencia jurídica a nuevas reglas claras y transparentes" informa el semanario Proceso.
El semanario ha sido uno de los primeros periódicos verdaderamente independientes de la maquinaria publicitaria del oficialista Partido Revolucionario Institucional, que tiene una larga historia de manejar los medios informativos como extensiones de los órganos publicitarios del gobierno.
La revista fue fundada por el destacado periodista Julio Scherer, quien sufrió en carne propia las múltiples injerencias del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), que culminaron en 1976 con su renuncia ante las presiones del presidente Luis Echeverría para reemplazarlo con un equipo fiel a Los Pinos, el palacio presidencial.
En un artículo titulado "Nuevas reglas para los medios", el catedrático Ernesto Villanueva escribe: "Recuérdese que durante 71 años el régimen priista tuvo como instrumento de control y dominación un sistema de reglas no escritas de beneficios recíprocos entre una buena parte de los medios y el propio gobierno revolucionario e institucional".
La decisión ciudadana de expulsar el PRI y reemplazarlo con el gobierno de Fox, ofrece la oportunidad de "hacer una contribución definitiva a la consolidación democrática de México" presentando un programa de tres puntos al próximo Congreso, escribe Villanueva, profesor de comunicación social en la Universidad Iberoamericana de esta capital.
El catedrático recomienda la pronta consideración de las siguiente propuestas:
1) Introducir la figura del secreto profesional del periodista como "un derecho en nuestro régimen legal. En México esta figura no sólo no es un derecho, sino que se trata de un delito en los términos del Código de Procedimientos Penales y tampoco constituye, conforme al marco constitucional mexicano, un atentado a la libertad de expresión.
En una buena parte de los Estados democráticos de derecho, señala, el secreto profesional del periodista, por el contrario, se encuentra debidamente protegido en el marco legal en aras de fortalecer el derecho a la información del público y no los intereses personales del periodista, como a veces se piensa. En Estados Unidos, 31 estados federales tienen leyes protectoras del secreto profesional. En algunos países, incluso, el secreto profesional es absoluto; es decir, no puede ser revelado en ningún caso. Dentro de estos países se encuentran Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Lithuena, Portugal.
2) Establecer una ley de acceso a la información. Es evidente que la operación de un sistema público de rendición de cuentas gubernamentales pasa necesariamente por una ley de acceso a las informaciones provenientes de los organismos gubernamentales y del Estado.
Sobra decir que en una gran parte de los Estados democráticos de derecho existen leyes de acceso a la información. Para no ir tan lejos, Estados Unidos y Guatemala cuentan con normas al respecto.
3) Crear una ley de transparencia publicitaria. "Ese necesario," escribe Villanueva, "terminar con el uso intensivo de los recursos públicos para satisfacer intereses ajenos al público.
"De igual forma deben establecerse reglas claras y objetivas para asignar publicidad gubernamental, teniendo como punto de partida (siendo evidentemente mejorable) el acuerdo para suministrar información y publicidad aprobado en la Cámara de Diputados en la actual legislatura. Esta medida brindaría seguridad jurídica a los medios para recibir publicidad estatal legítima en función de su influencia social (valorada con criterios racionales), ofrecería garantías a la sociedad para que los servidores públicos no se promuevan políticamente con cargo al erario y aseguraría que los contenidos publicitarios sean compatibles con los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo.
En tanto, en círculos políticos y profesionales ha causado consternación la detención la semana pasada del director del periódico panameño El Siglo, así como informaciones de que el gobierno de la presidente Mireya Moscoso recibió con beneplácito recomendaciones del procurador para adoptar nuevas medias que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entre otras, considera "restrictivas en lo absoluto" a la libertad de expresión.
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