Cuatro ex trabajadores despedidos con la Ley 25, escalaron ayer el puente de las Américas, como medida de protesta para exigir al Gobierno que pida una audiencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que defina los pagos que el Estado debe hacerle a por lo menos 270 ex trabajadores.
Los ex funcionarios reclaman cerca de B/.55 millones, luego que un fallo de la CIDH obligara al Estado panameño a pagar los salarios caídos, cumplir con el reintegro y todos los derechos laborales que se hayan producido desde su despido en el año 1990, durante el gobierno del ex presidente Guillermo Endara.
Eric González, Javier Muñoz, Rodolfo Bence y Rubén Guevara, se mantuvieron en lo alto de la estructura del puente, exigiendo que un alto funcionario del gobierno los atendiera.
Según el vocero de este grupo de ex funcionarios, Luis Batista, se ha nombrado una comisión de gobierno para atender el caso, pero esta no es más que una "burla para irrespetar a las víctimas" de la Ley 25, porque antes se han conformado otras comisiones que han arrojado cifras concretas y al final se desechan y no se producen los pagos.
"El Estado se muestra renuente a cumplir con el compromiso internacional al que la Corte lo obligó", manifestó.
En tanto que otro de los dirigentes de los exfuncionarios gubernamentales, Manrique Mejía, dijo respetar la medida de sus compañeros, pero enfatizó que ellos se mantienen en la mesa de negociaciones con el gobierno, que ya les presentó una propuesta de B/.5.6 millones.
No obstante, Mejía aseguró que consideran esta oferta como insuficiente, por lo que aseguró que hoy están a la espera de una respuesta oficial del Gobierno.
En horas de la tarde, el defensor del pueblo, Liborio García, inició negociaciones con los ex trabajadores para que depusieran su protesta.
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