Los conductores habían advertido sobre posibles protestas por la tendencia al alza en el precio del combustible, sin embargo, el gobierno destinó cerca de B/.2 millones para impedir un aumento del pasaje.
Pero esto es parte de la solución a un problema complejo. Los transportistas también exigen la suspensión por tres meses, de las discusiones del nuevo reglamento del tránsito y solicitaron su inclusión en las reuniones. Hasta el momento no han recibido información sobre esta solicitud.
Además, pidieron reunirse con el director de la Policía, Rolando Mirones, para exponer las quejas sobre las constantes boletas que le son impuestas. El asesor legal del CAMM, Ernesto Ventura, calificó ayer de "persecución política" y negó las supuestas irregularidades.
Aseguró que el CAMM remitía las facturas al otrora Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Familia y el Menor y según dijo, "misteriosamente se perdían en esa entidad". "Este fue una de las quejas que siempre le hacíamos a las autoridades del ministerio para que solventaran este hecho", enfatizó Ventura, quien negó constantemente las anomalías detectadas en la auditoría.
La auditoría reveló que Ventura recibió pagos por más de B/.60 mil, además de otros desembolsos por dictar seminarios y charlas.
El abogado admitió que recibió esa cantidad de dinero en los seis años años que tiene de laborar en el CAMM, toda vez que recibe un salario de B/.800 mensuales por servicios profesionales. Aceptó también recibir viáticos y un pago "simbólico" de B/.100 por los seminarios de prevención de violencia doméstica que impartía en comunidades apartadas del país.
El asesor legal señaló que las autoridades actuales del MIDES tratan de "empañar" su imagen al utilizar su nombre divulgando situaciones que a su juicio, están "bien claras". "Esto está pasando porque somos afines al partido Panameñista", puntualizó. En el Juzgado Segundo del Banco Nacional de Panamá se mantiene un proceso ejecutivo por cobro coactivo en contra del CAMM en el cual se incluye a su representante legal Gloria Young y a la administradora del centro, ingeniera Rebeca Young de Burillo.
Este proceso inició en diciembre del 2004 y se mantienen secuestrados bienes, fincas, automóviles y cuentas bancarias de ambas.
