Las personas despedidas, por la ley 25 de 1990, recibirán 5 millones de dólares de indemnización y no 20 como proponía el gobierno, sostuvo el dirigente de ese grupo de ex-trabajadores, Manrique Mejía.
El directivo sustenta su opinión en que, tras la queja puesta por esa agrupación en la Comisión de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, le respondieron que esa organización no acepta finiquitos para el pago, tal y como había planteado el ministro de Trabajo Edwin Salamín, al proponer el pago de los 20 millones de dólares.
Desde hace varios años, estas personas, que fueron despedidas durante la administración del ex-presidente de la República Guillermo Endara, han solicitado una compensación económica tras los año de trabajos perdidos por el despido, sustentado en una ley que, según ellos, les ha perjudicado de tal manera que les ha traído pérdidas económicas y hasta problemas psicológicos para algunos de ellos.
El despido masivo se llevó a cabo debido, a que esos ex-trabajadores eran considerados como parte de una intentona de golpe de estado para derrocar al entonces mandatario Endara.
Un total de 270 personas resultaron afectadas por esa medida y originalmente reclamaban al gobierno, una compensación de 41 millones de dólares, en concepto de salarios caídos.
