Representantes y dirigentes sindicales, agrupados en la Alianza por la Justicia Social en Panamá, se reunieron con el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas para que los ayude a "encontrar una pronta solución a sus reclamaciones contra el Estado".
Manrique Mejía, dirigente de los trabajadores despedidos por la Ley 25, sostuvo que ya es hora que el Estado Panameño cumpla con la sentencia que se dictó en el año 2001, por lo que no están dispuestos a negociar.
"Las sentencias no se negocian y por ende, se debe cumplir con la condena establecida".
Por su parte, los líderes de los ex trabajadores de los puertos, solicitaron al Defensor que interponga sus buenos oficios a fin de que el litigo legal que mantienen con Panamá Ports Company y el Estado se resuelva lo más pronto posible.
Durante su intervención, los dirigentes sostuvieron que existe el dinero para que se les paguen B/.10 millones producto de sus pasivos laborales.
Por su parte, Vargas manifestó que la Defensoría del Pueblo será un vehículo facilitador entre el Estado y la sociedad, por lo que se comprometió a realizar las gestiones para ayudar a los dirigentes sindicales.
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