La condena anunciada contra Panamá por el despido de 270 obreros en 1990 en el marco de un proceso de privatizaciones, establece el precedente de que el impacto del modelo neoliberal y de la globalización pueden tener un freno.
Así lo afirmaron ayer en San José representantes de los victoriosos obreros, que dedicaron el resultado favorable conseguido después de diez años de lucha "a todos los trabajadores de América Latina".
"Ha sido una victoria difícil", y la decisión de los jueces de fijar el "daño moral" en sólo 3,000 dólares para cada uno de los 270 despedidos "es una burla para el dolor y el sufrimiento de las víctimas", afirmó Rolando Gómez, dirigente de los afectados.
"Los 3,000 dólares significan unos 300 dólares por año, cifra que es inferior a lo que los señores jueces pueden recibir por viáticos durante un período de sesiones", dijo Gómez, que no ocultó su malestar y tristeza por el bajo monto aprobado por los magistrados.
"Ningún juez puede valorar el sufrimiento humano que las familias han llevado por más de diez años, algunos de los cuales les llevó a la muerte, otros se vieron obligados a vender su cuerpo para subsistir y muchos hogares quedaron destruidos", expresó el dirigente obrero panameño.
Antes de conocer el fallo, los trabajadores panameños habían dicho que la reclamación, según sus cálculos, superaría los 200 millones de dólares.
Según dicen ahora, los montos que se desprenden de la sentencia anunciada hoy no sobrepasan los 40 millones de dólares.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica, condenó el martes a Panamá por violar los derechos humanos de 270 obreros, despedidos en 1990 durante el Gobierno del presidente Guillermo Endara (1989-1994).
La condena es la primera contra Panamá y el primer fallo por violaciones a los derechos laborales en América Latina que sanciona la Corte en sus 22 años de existencia.
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