La destitución de 41 ingenieros agrónomos del sector público agropecuario fue denunciada ayer por el secretario ejecutivo del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Panamá, Lucas Fernández.
Explicó que de ese total, 20 fueron del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), 8 del Instituto de Investigación Agropecuaria (IDIAP), 7 del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), 1 de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), 1 del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), 1 en el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y 1 del Ministerio de la Presidencia.
"Las causales que se aducen para los despidos han sido motivos presupuestarios, cartas por insubsistentes, o dejar sin efecto el nombramiento, lo que es violatorio del Artículo 10 de la Ley 22 de enero de 1961, que es el que regula el ejercicio profesional de las ciencias agrícolas", declaró Fernández.
Sostuvo que además el Decreto 265 del 24 de septiembre de 1968, establece que para separar o destituir a un profesional de las ciencias agrícolas al servicio del Estado, tiene que ser analizado por el Consejo Técnico Nacional de Agricultura, que es el organismo competente para determinar si procede o no tal petición.
Según Fernández, los puestos vacantes están siendo ocupados por profesionales no idóneos, cuyo único mérito es ser copartidario de los partidos gobernantes.
"Esto es violatorio de la Ley 22 y la Ley 11 de abril de 1982, que establece que para cada vacante, un profesional de las ciencias agrícolas tiene que ocupar la posición", manifestó Fernández.
Añadió que hasta el momento el Colegio de Ingenieros Agrónomos ha interpuesto ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo un total de 14 recursos de nulidad, pero sin recibir ninguna respuesta.
Para Fernández, las destituciones han tenido matices "políticos", ya que lo que se quiere es cumplir con compromisos electorales.
Uno de los ingenieros destituidos, Julio Zúñiga, dijo que fue separado del cargo porque un consultor de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID), Gerald Bauer, así lo solicitó.
"Una persona que viene de Estados Unidos, que no conoce a uno, me acaba de ver, y le dice al gobierno que me destituyan porque a él, le parece", señaló Zúñiga, quien ocupaba la dirección del Proyecto Marena de la ANAM, y con una hoja de servicios de 24 años en el sector estatal.
"Ahora que somos soberanos, viene un extranjero a disponer quién ocupa o no un cargo en nuestro país", puntualizó Zúñiga, al indicar que esa actitud es una intromisión en los asuntos internos panameños, por lo que luchará en la Corte Suprema de Justicia, o en el exterior, inclusive en La Haya, para que se le haga justicia.
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