El fallo emitido el 27 de agosto pasado señala que no existía para Villalaz un deber jurídico ni legal cercano, que lo calificara como "garante" de haber evitado la contaminación el tóxico.
En este sentido, la defensa del doctor Villalaz anunció que el Código Judicial establece que cuando la autoridad jurisdiccional en este caso el Pleno de la Corte, determina la medida decretada, el afectado tiene todo el derecho de poner una denuncia.
Grettel Villalaz explicó que analizan interponer una denuncia penal y un proceso civil por daños y perjuicios, en contra del Ministerio Público, específicamente por la acción del fiscal Dimas Guevara, quien ordenó la detención del ex director de la CSS.
En el fallo se hace saber que existen normas que determinan las atribuciones y deberes de los funcionarios de la CSS, específicamente de la Dirección Nacional de Farmacias y Droga del Ministerio de Salud y de la entidad de seguridad social.
A Villalaz, la Fiscalía Especial que investiga las muertes por dietilenglicol, se le ordenó la detención preventiva el 4 de junio de 2007 y el 8 de junio del mismo mes, se le impuso como medida cautelar el impedimento de salida del país y su comparecencia a firmar los días 15 y 30 de cada mes.
La cifra de casos que investiga la Fiscalía Especial por el envenenamiento aumentó a 676.
De acuerdo a las cifras que mantiene el Ministerio Público, han fallecido 451 personas y hasta el momento hay 225 pacientes envenenados en etapa ambulatoria en investigación.
Los nueve magistrados de la Corte aprobaron decretar la ilegalidad de la medida cautelar, contra Villalaz.
En la Fiscalía Especial hay en estudio 285 historiales clínicos de personas intoxicadas.
En la investigación resultaron positivos por envenenamiento 144 personas, de las que fallecieron 101 y 43 sobreviven.
